Historia del Napo
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EL PROGRESISMO Y EL ORIENTE, I. ADMINISTRACIÓN, COLONIZACIÓN, CONTROL DEL TERRITORIO Y VÍAS DE COMUNICACIÓN (1884-1895)
En 1884 se inició, en la historia política del Ecuador, la etapa de los
llamados gobiernos progresistas, representantes de una tendencia que triunfó
gracias a la alianza establecida entre la corriente centrista del conservadurismo
y la corriente liberal católica. Durante este período se retomaron los proyectos
de construcción del Estado-Nación que habían quedado interrumpidos tras el
caótico gobierno de Ignacio de Veintimilla, en el contexto de los cuales el
Oriente adquirió nuevamente un papel significativo debido, como veremos, a diversas circunstancias. Fue un período de apenas doce años que, no por
breve, deja de ser complejo, tanto en el ámbito de los acontecimientos
acaecidos en la política interior del país, como en el ámbito de las
transformaciones ocurridas en el contexto amazónico.
A nivel interno, cabe indicar que durante la administración de José María
Plácido Caamaño (1884-1888), el primero de los presidentes progresistas, se
reorganizó el Estado y el sistema fiscal, y se destinaron fondos a la educación y
a las obras públicas, asuntos que habían quedado olvidados por el caos y el
desgobierno mantenidos durante el régimen anterior. No obstante, el
liberalismo radical, comandado por Eloy Alfaro, inició la lucha armada en forma
de guerrillas o montoneras en la Costa del Ecuador, especialmente en
Esmeraldas y en Manabí, donde en noviembre de 1884 se inició la Revolución
de los Chapulos, levantamiento que desconoció al gobierno de Caamaño y
nombro jefe supremo a Alfaro. El enfrentamiento entre el ejército y las guerrillas
revistió características de guerra civil y, en respuesta, la represión
gubernamental se amparó en una reforma constitucional que legalizó la pena
de muerte por delitos políticos, para poder reprimir a los insurgentes. Concluido
su mandato presidencial, Caamaño fue nombrado gobernador de Guayaquil y
se convirtió en el verdadero “hombre fuerte” del progresismo hasta el fin de
esta etapa política (1895).
Con el apoyo de Caamaño, fue elegido nuevo presidente Antonio Flores
(1888-1892), hijo del expresidente Juan José Flores y él mismo antiguo
colaborador de García Moreno, a pesar de lo cual y, paradójicamente,
con cierto apoyo de los liberales, incluso de los radicales, que interrumpieron la
lucha de las montoneras; no obstante, debió enfrentar la oposición de los
conservadores y de la Iglesia ecuatoriana, cada vez más integrista. Flores se
mantuvo en el poder gracias a sus poderosas conexiones internacionales en
Estados Unidos, Europa y el Vaticano, y sostuvo un programa político favorable
al modelo agroexportador, en el contexto del cual la recuperación del crédito
público jugó un destacado papel, y contrario a la intolerancia religiosa.
Cuestiones como la abolición del diezmo, los contratos para la construcción del
ferrocarril o los arreglos de la deuda externa, provocaron la oposición de los
conservadores y de la Iglesia y, ante la falta de apoyos, la corriente política
moderada que Flores representaba se desgastó progresivamente.
Tras las elecciones de 1892, que fueron especialmente reñidas y
conflictivas, resultó elegido Luis Cordero (1892-1895), cuyo fallido intento de
acercamiento a la Iglesia ecuatoriana le restó definitivamente el apoyo de los
liberales, sin asegurarle por ello el de los conservadores. Debilitada por la falta
de apoyos, su administración entró en una crisis irreversible cuando se vio
salpicada por diversos escándalos políticos en los que estuvo implicado
Caamaño, hasta que un pronunciamiento popular en favor de Eloy Alfaro, que
tuvo lugar en Guayaquil (5.06.1895) y que fue sostenido por destacados
agroexportadores y banqueros costeños, cedió el paso al período liberal de la
historia ecuatoriana1.
Por lo que respecta a la Amazonía, los años del progresismo coincidieron
con la etapa inicial de la economía cauchera, fenómeno que en su totalidad se
desarrolló, aproximadamente, entre 1880 y 1920. La extracción del caucho
acarreó una serie de desastres sociales, sin precedentes hasta entonces, y
produjo importantes cambios demográficos, socio-económicos y ecológicos. De
acuerdo con los objetivos de esta investigación, me interesa señalar
especialmente que, a nivel continental, el caucho incidió de forma decisiva en
los procesos de nacionalización de extensos territorios que hasta entonces
habían permanecido prácticamente desarticulados y sobre los cuales no existía
una delimitación fronteriza clara, los cuales fueron apropiados de forma efectiva
por diversos países en el transcurso del proceso cauchero. En cuanto a esta
cuestión, es imprescindible recordar que las iniciativas del Perú sobre su
vertiente oriental venían desarrollándose desde mediados del siglo XIX2 y
habían comportado la apertura de los grandes ríos a la navegación, la
realización de expediciones civiles y militares para el reconocimiento de la
región y el nombramiento de autoridades. En 1853 se creó la provincia litoral de
Loreto, la cual se transformó en departamento marítimo militar de Loreto en
1868, con jurisdicción sobre las riberas del Amazonas y sus afluentes, en los
límites del Perú con los países vecinos3. Asimismo, en 1867 se creó la
Comisión Hidrográfica del Amazonas, con el objetivo de explorar los afluentes
de este río y ver sus posibilidades de cara al establecimiento de la navegación
y del tráfico comercial4. Estos precedentes explican la enorme expansión del
frente cauchero peruano a fines del siglo XIX, la vinculación comercial de los
territorios al norte del Amazonas con el puerto de Iquitos, que centralizó las
actividades de varios frentes caucheros amazónicos, así como la consolidación
de la posesión efectiva que ejerció el Estado peruano sobre extensas áreas sin
delimitar5. Por su parte, Colombia promovió la expansión de un frente extractivo
sobre las regiones del Caquetá y del Putumayo6, el cual desarrolló también
prolongaciones en algunos afluentes del Napo, como el Coca y el Aguarico7.
El panorama socio-económico de la Amazonía ecuatoriana experimentó
intensos cambios con el empuje cauchero, aunque han sido poco estudiados
hasta el momento8. El caso es que mientras las transformaciones derivadas del
caucho tenían lugar a un ritmo trepidante, el control ejercido por la
administración ecuatoriana en el Oriente era apenas perceptible. Recordemos
de lo visto en los capítulos anteriores que, tras la fracasada experiencia de
ocupar y gobernar esta región mediante las misiones jesuitas emprendida por
García Moreno, durante la etapa de Veintimilla se había producido un
decaimiento de las iniciativas políticas ecuatorianas destinadas al Oriente,
paralelamente a una revitalización de los grupos de poder local.
Como veremos en este capítulo, los gobiernos ecuatorianos del período
progresista reemprendieron las políticas para la incorporación del Oriente al
Estado nacional, a pesar de que el Ecuador era el país con menos
posibilidades reales a la hora de apropiarse y nacionalizar territorios, puesto
que su débil presencia tanto política como económica en el área, contrastaba
con la fuerte expansión de otros frentes amazónicos, especialmente el del
Perú. En los siguientes apartados analizaré el contenido de las políticas para el
Oriente dictadas por los gobiernos del Ecuador entre 1884 y 1895.
Primeramente, me ocuparé de las acciones administrativas de carácter más
formal, centradas en la elaboración y aprobación de una serie de Leyes de
Oriente, principal instrumento para el gobierno de esta región. En segundo
lugar, me referiré a las políticas de colonización agrícola, que se redujeron a una única iniciativa de colonización dirigida en el Napo, que fue impulsada por
el gobernador del Oriente, Francisco Andrade Marín, entre 1884 y 1885, y que
se conoció como la Colonia Oriental. En el tercer apartado abordaré la cuestión
de la expansión del frente cauchero, así como las estrategias de
nacionalización adoptadas por el Estado ecuatoriano con el objetivo de lograr
un mayor control del territorio en dicho contexto, las cuales se centraron en tres
elementos principales: otorgamiento de cargos administrativos a caucheros
leales a la administración ecuatoriana, control de la mano de obra indígena e
intentos de regulación de concesiones caucheras. El cuarto apartado está
dedicado al análisis relativo a la construcción de vías de comunicación al
Oriente. Me ha parecido necesario realizar un apunte final sobre la cuestión
territorial en estos años finiseculares, con el objetivo de poner en evidencia el
control oficial sobre los mapas y el conocimiento geográfico que empezó a ejercerse a fines del siglo XIX y de analizar las consecuencias que trajo la
suscripción del Tratado Herrera-García (1890) y su posterior anulación,
acontecimientos que provocaron una eclosión del sentimiento nacionalista que
revela la progresiva incorporación simbólica del Oriente al Estado nacional. Por
otro lado, la particular importancia concedida a las misiones en la política
ecuatoriana del momento, así como la evolución de la presencia misionera en
las diversas áreas del Oriente en que éstas se implantaron, serán objeto de
atención especial en el capítulo sucesivo.
Políticas administrativas: las Leyes de Oriente.
Todas las constituciones ecuatorianas del siglo XIX establecieron que el
Oriente debía ser regido por leyes especiales9. No obstante, no fue hasta el
período progresista que comenzaron a discutirse y a aprobarse tales leyes.
Señalando de antemano que su aplicación era inviable debido a la falta de
implantación administrativa en la región oriental, en este apartado me interesa
destacar sus contenidos y algunas de las cuestiones presentes en su proceso
de elaboración, porque revelan de forma significativa la situación del Oriente y,
sobre todo, muestran las intenciones de diversos agentes implicados en el
devenir de esta región. Veamos esas leyes y sus entresijos.
Las Leyes de Oriente de Francisco Andrade Marín (1884)
El primer proyecto de leyes específicas para la administración del Oriente
fue presentado a la Convención Nacional de 1883-1884 por el político
Francisco Andrade Marín, que participó en esta reunión en calidad de diputado
por Manabí10. Con esta iniciativa, se proponía llenar el vacío legal relativo a la
administración de esta región que prevalecía desde los inicios de la República:
“Nuestros hombres públicos difícilmente pueden vindicarse del cargo
de absoluto descuido acerca del régimen administrativo de la región
oriental. En cada lustro hemos tenido una Constitución; así que
podemos contarlas por decenas. Y sinembargo [sic] de que cada
una de ellas ha pretendido los honores de la perfección, ¿quién no
se admirará de que en 1861, por primera vez, se haya hablado de
Oriente? Las Constituciones de los años 30, 35 y 43, guardan
completo silencio sobre esta interesante parte del territorio
ecuatoriano; y las de 45, 50 y 52 dicen apenas, que los lugares
aislados y distantes de otras poblaciones, se han de regir por leyes
especiales. De todos modos, hasta hoy no conocemos esas leyes, ni sabemos lo que ellas deban ser” .
El proyecto de Andrade Marín incluyó medidas para implantar la
presencia del Estado en el Oriente, controlar la acción de las autoridades
civiles y de los grupos de poder local, y proteger la tarea de los misioneros.
Estableció el nombramiento de un gobernador y de un jefe político, ambos
nombrados por el Poder Ejecutivo, así como de otros cargos administrativos
inferiores. Por cierto que, en esta propuesta, el cuidado de la “integridad del
territorio” frente a las avanzadas de los países vecinos se presentó como una
cuestión prioritaria y, entre los deberes del gobernador figuraba, en primer
término:
“cuidar de la integridad del territorio de la provincia, y dar
inmediatamente aviso al Poder Ejecutivo de los abusos que a este
respecto se cometieren por los particulares o las autoridades de las
naciones vecinas” 12.
Otras atribuciones de esta autoridad eran la conservación de los caminos
de la Sierra al Oriente, la protección de los indígenas, la promoción de las
misiones, la fundación de nuevas poblaciones, el fomento de la inmigración
tanto de ecuatorianos como de extranjeros (que debían formar poblaciones
independientes de las de los indígenas), el mando de la fuerza armada de la
provincia de Oriente, etc. El gobernador era el encargado de nombrar al
comisario de policía y a los vice-comisarios o jueces civiles de los pueblos, así
como a los curacas, estos últimos de acuerdo con el superior de las misiones.
Además, tenía prohibido realizar actividades comerciales y torturar a los
indígenas.
Asimismo, este proyecto de ley planteó la fundación de misiones en el
Napo, Canelos, Macas, Gualaquiza y Zamora, para lo cual se asignaron hasta
12.000 pesos anuales. Una vez más, se prohibieron los abusos cometidos
contra la población indígena, tales como los repartos forzosos de mercancías,
el cobro de contribuciones, la venta de niños, o los trabajos obligatorios. Para el
fomento de la colonización, se autorizó a formar establecimientos agrícolas o industriales a todos los colonos que lo desearan, que pasaban a ser
propietarios. Estos colonos, que cultivarían productos como caucho, canela,
quina, zarzaparrilla, cacao, vainilla, etc., recibirían recomendaciones
extraordinarias para acceder a cargos públicos, excepto en el caso de los
plantadores de caña, producto cuyo cultivo, como veremos, era motivo de
controversias debido a la subsiguiente producción de aguardiente. Asimismo,
se propuso el establecimiento de puertos fluviales para el control de la
importación y la exportación, así como otras medidas para fomentar la
colonización y la inmigración.
La Asamblea Nacional de 1883-84 no finalizó la discusión del proyecto de
Andrade Marín y su aprobación quedó pendiente. No obstante, el Poder
Ejecutivo aprobó un reglamento provisional13 que recogía sus propuestas casi
de forma íntegra y con escasas variaciones14, para que rigiera la administración
del Oriente hasta que el Congreso emitiera una ley definitiva en el siguiente
período legislativo. Como veremos en el siguiente punto, la Ley de Oriente
aprobada en 1885 recuperó algunas de las propuestas de Andrade Marín e
incorporó, también, otras inquietudes, fruto de la compleja situación que se
vivía en la región.
La Ley de Provincia Oriental (1885)
Las discusiones para la elaboración de una legislación específica para el
Oriente, que habían quedado incompletas en la Convención Nacional de 1883-
1884, se retomaron al reunirse el siguiente Congreso y se concretaron con la
aprobación de la Ley de Provincia Oriental de 188515. Es importante señalar
que algunos de sus contenidos estuvieron influidos por las demandas de apoyo
para las misiones del Oriente efectuadas por el arzobispo de Quito, en
representación del Concilio Quitense IV que, por cierto, contaban con el
beneplácito del Poder Ejecutivo. Y es que este último se proponía desarrollar
nuevamente un proyecto político sobre el Oriente de bases misioneras, similar
al desarrollado por García Moreno, del que me ocuparé ampliamente en el
siguiente capítulo.
Durante las discusiones previas a la aprobación de la Ley de Oriente de
1885, el arzobispo de Quito dirigió una comunicación al Senado, que contó con
la recomendación expresa del presidente José María Plácido Caamaño. En
ella, el arzobispo señaló que, desde la muerte de García Moreno, los
comerciantes del Napo, con el apoyo y la connivencia de las autoridades
locales, habían recuperado el control de la situación en el área, con el
consiguiente decaimiento de la misión jesuita. Ante esta situación, solicitó de
los legisladores medidas que favoreciesen la acción de los misioneros, por las
grandes ventajas que éstos habían de traer al país, no sólo en cuanto a la
cristianización y “civilización” de los indígenas del Oriente, sino también en
cuanto a la vigilancia del territorio oriental y a la contención de los avances de
los países vecinos. Además, el religioso cuestionó seriamente el papel
desarrollado por las autoridades del Oriente y señaló la necesidad de ceder
mayores cuotas de poder a los misioneros:
“La experiencia de largos años ha hecho ver que la acción de las
autoridades que se envían al oriente, es incapaz para reducir a esas
tribus a la vida civilizada: antes el efecto que produce y ha
producido, con poquísimas y honrosas excepciones, es el de
empujarlas más adentro de las selvas, poniéndolas más y más lejos
de la influencia del ministerio sacerdotal. También hemos visto por
experiencia, que nada se obtiene con leyes en esas regiones, si las
leyes no van amoldadas a las circunstancias especiales en que ellas
se encuentran y si no dan a los Misioneros la libertad necesaria, no
solo para la predicación, sino para prevenir los males y quitar los
estorbos que hombres sin conciencia y sin amor patrio suelen poner
a la evangelización y civilización de los bárbaros y salvajes” 16.
En consecuencia, el arzobispo quiteño propuso al Senado algunas
medidas que favorecerían a las misiones, en concreto, la prohibición de
repartos forzosos y ventas al fiado, así como el cierre de las fábricas de
destilación de aguardiente. Asimismo, solicitó que se obligara a las autoridades
del Oriente a expulsar de la provincia a aquellos individuos que fueran
denunciados por los misioneros. Finalmente, pidió el establecimiento de dos
vicariatos apostólicos más.
Con muy pocos días de diferencia, el mismo arzobispo se dirigió a la
Cámara de Diputados para solicitar que en la Ley de Oriente, que se
encontraba en proceso de discusión, se incluyese la prohibición del comercio
de tsansas o cabezas reducidas, de las que se registraba una demanda
creciente en Europa y EE.UU. desde la década de 186017:
“...muchos comerciantes entran al Oriente a comprar a los indios
cabezas humanas disecadas que en lengua de ellos se llaman
zanzas. Como los comerciantes pagan bien por ellas, los indios,
alentados por el cebo de la codicia, se dan a cazar hombres y
mueven guerras con el único objeto de adquirir, a fuerza de armas,
cabezas que venden a esos bárbaros traficantes” 18.
Al final, buena parte de estas demandas eclesiásticas fueron atendidas,
pues el texto definitivo de la Ley de Oriente de 1885 prohibió los repartos
forzosos y las ventas al fiado19, así como otros abusos contra los indígenas,
aunque la extracción del caucho, que requería la existencia de una mano de
obra sometida mediante la deuda, cuando no esclavizada, hizo que fuera
completamente imposible llevar estas prohibiciones a la práctica. La Ley de
Oriente de 1885 también recogió la propuesta de prohibir la elaboración y venta
de aguardiente en todo el Oriente20. Esta cuestión fue motivo de confrontación
en las Cámaras, ya que algunos diputados y senadores defendieron que la
medida perjudicaba al comercio, aunque la mayoría la aprobaron por
considerar que la existencia del tráfico comercial era el principal obstáculo para
“civilizar” la región, por la presencia de numerosos productores y
especuladores blancos21. Asimismo, dicha ley prohibió comerciar con las
tsansas .
No obstante, las Cámaras no atendieron la crucial demanda del arzobispo
de que se obligara a las autoridades del Oriente a expulsar a aquellos
individuos que fueran denunciados por los misioneros, con lo cual salió
reforzado el poder de dichas autoridades y de los comerciantes, frente al de los
religiosos. Según esta ley, el gobernador estaba obligado a auxiliar a las
misiones, particularmente en la creación de nuevas reducciones, mientras que
el papel de los misioneros se limitaba a cuestiones relacionadas con el control
de la población indígena, como eran la organización de reducciones, el
comercio entre indígenas y el nombramiento de autoridades étnicas.
Poco tiempo después, se plantearon otros mecanismo con el objetivo de
recortar el poder de las autoridades del Oriente. Durante el gobierno de Antonio
Flores, algunos ministros propusieron ante las Cámaras Legislativas, la
necesidad de dejar nuevamente la administración del Oriente en manos del
Poder Ejecutivo, que la gobernaría a base de disposiciones administrativas
especiales que permitirían, decían, un control más eficaz de la misma23.
Aunque esta petición no fue aprobada por el Congreso, lo cierto es que los
misioneros, delegados leales del gobierno, adquirieron en los años sucesivos
mayores cuotas de poder.
Las reformas a la Ley de Oriente aprobadas en 1894
La compleja situación prevaleciente en el Oriente a fines del siglo XIX,
debida a la incidencia de la economía del caucho y a los problemas
territoriales, llevó al Congreso de 1894 a realizar una importante reforma de la
Ley de Oriente vigente24. Esta reforma incluyó el establecimiento de un
gobernador para el territorio de Méndez y Gualaquiza, con las mismas
atribuciones que ostentaba el gobernador del Napo25. Se planteó, además, la
introducción de mejoras en la administración de justicia, para lo cual se autorizó
a los dos gobernadores del Oriente a establecer juzgados civiles y se nombró
un comisario en la población de Archidona, con el objeto de auxiliar al jefe
político en sus funciones policiales26.
La mayor parte de los contenidos de esta reforma estuvieron destinados a fomentar y regular la colonización. En concreto, se dispuso que los inmigrantes,
ecuatorianos o extranjeros, podrían establecerse en cualquier parte del Oriente,
excepto en las reducciones y lugares donde residieran indígenas, y se prohibió
la adjudicación de lotes de terrenos superiores a doscientas hectáreas por
individuo o familia27. También se aprobó la concesión de primas económicas y
la adjudicación gratuita de lotes de terreno de hasta veinte hectáreas a “personas conocidas y notoriamente honradas” que quisieran instalarse en el
Oriente, así como diversas ventajas económicas a los cultivadores tanto de
caucho como de quina, café o cacao, lo que constituyó un estímulo para la
colonización de diversas zonas28. Finalmente, para el fomento de esos
poblados orientales casi deshabitados y cuya existencia era prácticamente
formal, se dispuso que los gobernadores y jefes políticos correspondientes
“...señalaran una superficie competente de terreno, y delinearan en ella el trazo
de una ciudad o pueblo que venga a ser con el tiempo la base de una
población”29.
Como complemento imprescindible de la reforma anterior, se aprobó una
ley sobre caminos para el territorio oriental, por la cual se establecieron
diversos impuestos -entre ellos el impuesto sobre el consumo del tabaco, la
contribución sobre aguardientes, el producto de la venta de terrenos baldíos en
el Oriente, y otros- para la construcción de las vías de Quito al Napo, de
Ambato a Canelos, de Riobamba a Macas, de Cuenca a Gualaquiza y de Loja
a Zamora.
Implementación de las Leyes de Oriente
Un estudio de las Leyes de Oriente exige indicar que su ámbito de
aplicación experimentó algunas modificaciones en los años sucesivos a su
aprobación, lo que en algunos casos resultó un tanto confuso a efectos
administrativos.
Inicialmente, el ámbito de aplicación de las Leyes de Oriente se restringía
a los cantones que conformaban la provincia de Oriente que, según la Ley de
División Territorial de 1884 eran Napo, Canelos y Zamora, aunque en este
último lugar la presencia institucional fue nula hasta la década de 1890, cuando
se asentaron los franciscanos. Por su parte, los cantones de Macas y
Gualaquiza pertenecían, respectivamente, a las provincias de Chimborazo y
Azuay. En 1892 se amplió la jurisdicción territorial de la Ley de Oriente y se
estableció que la mayor parte de sus artículos tuvieran aplicación no sólo en la
provincia de Oriente, sino también en el cantón de Macas31. Posteriormente, en
1894, una nueva reforma estableció que los territorios de Gualaquiza, Méndez
y Macas también se regirían por la Ley especial de Oriente32.
Sin embargo, las transformaciones derivadas de la expansión del frente
cauchero provocaron una muy pronta caducidad de las leyes de Oriente
elaboradas a finales del progresismo, puesto que éstas resultaban claramente
insuficientes para la administración y el control de esta región. El régimen
liberal, que ascendió al poder a partir de 1895, las renovó e introdujo medidas
mucho más ambiciosas con la aprobación de la Ley de Oriente de 1899 y las
sucesivas.
Políticas de colonización agrícola: el experimento de la Colonia
Oriental (1884-1885)
Anteriormente me he referido a Francisco Andrade Marín como impulsor
de una legislación específica para el Oriente en la Convención Nacional de
1883-1884. Su papel destacado en la política orientalista de los inicios del
período progresista no se limitó a proponer dicha iniciativa legal sino que,
además, publicó un folleto destinado a llamar la atención respecto a la situación
del Oriente, en estado de abandono por la ineficacia de la política ecuatoriana,
y respecto a la expansión de los frentes económicos caucheros peruanos y
colombianos. Tal como expuso alarmado:
“Los pueblos de San Rafael y Aguarico están ocupados por
Colombia; el de Andoas por el Perú; los de Napotoa, Coca,
Sinchichicta, Yasumí y Marán [sic33] han desaparecido por completo.
Los quince restantes son tan pequeños y miserables en su mayor
parte, que no merecen el nombre de pueblos; ya que todos reunidos
no alcanzan a dar una población de 8.000 habitantes siendo así que
actualmente ninguno de ellos tiene una escuela, ni siquiera una casa
pajiza de gobierno, si exceptuamos Archidona y Tena. Dos o tres
misioneros que residen entre Santa Rosa, Archidona y Napo y que
hacen las fiestas cada año en los demás, es en resumen el triste
estado de aquellas comarcas” 34.
Para paliar esta situación, Andrade Marín planteó llevar a cabo un
completo plan de medidas para el Oriente que incluía el establecimiento de
colonias, la construcción de vías de comunicación que articulasen la Sierra con
el Oriente, el impulso de la navegación fluvial y el fomento de las misiones.
Además, señaló la necesidad de finalizar las controversias de límites con
Colombia y con el Perú, y de establecer mecanismos para el control territorial
mediante la presencia de destacamentos militares en la desembocadura de los
ríos orientales. Por entonces, se iniciaba la administración del presidente José
María Plácido Caamaño y Francisco Andrade Marín fue nombrado gobernador
de la provincia de Oriente35. Con este cargo organizó una expedición al Napo
con la intención de implementar siquiera una pequeña parte de su ambiciosa
propuesta, que se concretó en una iniciativa de colonización agrícola dirigida
que fue conocida como la Colonia Oriental, la cual constituye el objeto principal
de este punto.
El proyecto colonizador de Andrade Marín suponía la fundación de una
población, la Colonia Oriental, y de un puerto en el curso del alto Napo e incluía
también mejoras en la vía de Quito al Napo. El gobierno se haría cargo de
financiar el viaje de cien colonos hasta la nueva población y de procurarles el
sustento durante seis meses, mientras que éstos realizarían tareas agrícolas
colectivas y recibirían lotes de tierras en propiedad particular. Transcurridos
estos seis meses, se preveía que la nueva población estaría consolidada36.
La salida de la expedición, que partió de Quito en dirección al Napo, tuvo
lugar el día 4 de julio de 1884. Aunque se habían inscrito unos noventa
individuos como colonos y otros doce como tamberos, a la hora de la verdad
sólo cuarenta emprendieron el viaje hacia el Oriente, acompañados por una
guarnición militar y numerosos indígenas cargueros de Archidona. Algunas
personas más se separaron de la expedición en el transcurso del camino,
situación sobre la que Andrade Marín hizo un relato un tanto irónico:
“De todos los inscritos, sólo el Señor Nicolás P. Vélez lo efectuó bajo
la condición de hacer borrar su nombre si después notaba que no le
convenía ser colono. De los demás, José María Galárraga dijo en
Quito que desistía del viaje porque no era del gusto de su padre;
Ezequiel Fabara, porque no quería su madre; Alejandro Altuna,
porque se lo impedía el abuelo; Camilo Salas, porque la esposa se
lo prohibía; Lope F. Noboa, porque prefería irse para Esmeraldas;
Isaac Andrade Cucalón, porque necesitaba 30 pesos que no los
tenía y quería que yo se los prestase y Fernando Cevallos, porque el
padre que le hizo inscribir había variado de resolución [...] De los
cuarenta colonos que se pusieron en camino, el colono y tambero
Manuel Erazo se regresó de Papallacta diciendo que la mujer estaba
con ataques en Quito, y que después de atenderla, regresaría dentro
de quince días. Deben de seguir los ataques porque Erazo no ha
regresado. Raimundo Negrete y Joaquín Puente, se volvieron de la
primera jornada de Papallacta a Baeza, alegando el primero el
hallarse lastimado de un dedo del pie, lo cual no me consta, y el
segundo, sin que yo sepa ningún motivo...” 37.
Además, se puso en evidencia que algunos colonos aprovecharon la
oportunidad de realizar la expedición, únicamente con el objetivo de vender sus
productos en las poblaciones del Oriente y regresar a Quito. Andrade Marín
mencionó el caso de Manuel A. Basantes, que “se volvió de Archidona
realizando los efectos que había llevado para la venta”, y de Reinaldo y
Benjamín García que “se regresaron del Napo después de que el primero me
envió una carta a Atahualpa en la que me dice ‘Aquí no encuentro, según mi
factura, quién me compre absolutamente nada y he resuelto regresar a Archidona donde encontraré mis cargas para realizarlas como pueda’: lo que
prueba que el Colono-Tambero Reinaldo García había ido al Oriente a realizar
cargas trasportadas a costa del Gobierno”38.
En definitiva, la nueva población contó solamente con 25 colonos a la
fecha de su fundación, en agosto de 1884, según indicó Andrade Marín en su
primer informe oficial como gobernador del Oriente39. La Colonia Oriental se
instaló dos leguas más abajo del pueblo de Napo y recibió el nombre de
Atahualpa. Se construyeron algunas viviendas y se sembró una huerta para los
cultivos de subsistencia. También se preparó el terreno para iniciar grandes
plantaciones de tabaco y se construyó una instalación para elaborarlo, puesto
que era la comercialización de este producto la que había de procurar el
sostenimiento de la colonia en el futuro.
A inicios de 1885, Andrade Marín emitió un segundo informe en el que
relató con optimismo los avances de la colonia, que “sigue organizada y ha
progresado notablemente”. A la sazón, la población de Atahualpa contaba con
una enorme plantación de tabaco de labor común, en la que se habían
sembrado unas 25.000 matas que ya se estaban cosechando. De forma
paralela a los trabajos comunitarios, también se habían creado varios
establecimientos particulares de propiedad de los colonos. Por otro lado, la
guarnición que protegía la colonia se había reducido -por orden del gobernador,
que la consideraba innecesaria y nociva- de los veinte integrantes iniciales a sólo cuatro. Valorando el estado de las cosas, Andrade Marín solicitó que la
ayuda proporcionada por el gobierno para el sostenimiento de la colonia se
mantuviera durante tres meses más, para poder asegurar su continuidad40. En
cuanto a los trabajos de construcción del camino de Quito al Napo, habían
quedado interrumpidos a fines del año anterior, por lo que pedía al gobierno su
continuidad41. En vista de las positivas noticias recibidas sobre el progreso de
la colonia, al reunirse el Congreso de 1885, el ministro del Interior afirmó que la
colonización del Oriente se estaba realizando con éxito y elogió ante las
Cámaras Legislativas el patriotismo y la “rara actividad” de Andrade Marín
como gobernador42.
Seis meses más tarde, en junio de 1885, Andrade Marín dio cuenta en un
tercer informe oficial de que se había cosechado y elaborado el tabaco, que él
mismo se ocupó de trasladar y vender en Quito, y de que se cosechaban
igualmente con generosidad los productos de subsistencia. Por ello, indicó que
el gobierno podía dejar de suministrar la contribución que había aportado hasta
entonces para el sostenimiento de la colonia43. Considerando que la etapa de
trabajos colectivos para la instalación de la misma se podía dar por concluida,
los terrenos trabajados en común se disolvieron y fueron divididos en
propiedades particulares y asignados a los colonos. Como la estabilidad de la
población recién fundada parecía garantizada, se creó la parroquia civil de San
Jorge de Atahualpa44. Otra medida relevante que fue adoptada por entonces
fue la supresión total de la guarnición militar que debía custodiar a esta
población que, como vimos, había sido ya reducida de 20 a 4 hombres, puesto
que su presencia, lejos de proteger, era perjudicial para la conservación del
orden público:
“...la habitual embriaguez, el juego, el robo mutuo, las extorsiones
contra los infelices indios, todo nace de la guarnición, a la cual, por
otra parte, no es fácil someterla allí a la estricta disciplina militar” 45.
Dando por concluida la tarea de instalar y consolidar la colonia, Andrade
Marín renunció al cargo de gobernador del Oriente, que justificó por razones
personales que le impedían residir de forma permanente en dicha provincia46.
Y, tras el cese del apoyo económico gubernamental, la colonia naufragó
progresivamente. Sin embargo, parece que el motivo fundamental del fracaso
de la colonia fueron los conflictos surgidos de los abusos perpetrados por los
colonos sobre los indígenas, que eran la tónica general en el Oriente. Algunas
fuentes aseguran que, a fines de 1885, la colonia se encontraba en un estado
ruinoso:
“Refiere el P. Tovía que, de viaje al pueblo de Canelos a fines de
1885, habiéndose embarcado en el Napo para el Ahuano, a la media
hora de navegar, llegó al lugar donde se había establecido la
Colonia, y que todavía existía en ella doce colonos hambrientos y
mal vestidos. Solemne mentís de tantas grandezas y felicidad tan
cacareada en folletos y periódicos y desencanto de tantos ilusos,
cuyo desengaño ha costado al País la friolera de 15.000 pesos. El
padre dejó una cantidad de biscochos a esos infelices” 47.
Otra referencia posterior sobre el abandono en que quedó la colonia es la
de Rafael Cáceres, que visitó el Napo a fines de 1891 y que, al visitar las
poblaciones del Napo, pasó por el lugar donde ésta había estado: “Dejamos a la derecha el sitio donde estuvo la malograda colonia, de la que no queda más
que un tambo entre el bosque”48. Igual deterioro experimentaron los pocos
avances realizados en la vía de Quito al Napo durante la vigencia de la
Colonia.
El fracaso de la Colonia Oriental contribuyó a reforzar la idea de que sólo
los misioneros podían ocuparse de controlar el Oriente, contrarrestar la
influencia de los comerciantes blancos que dominaban la región y “civilizar” a sus habitantes autóctonos, como lo señaló el ministro del Interior al anunciar al
Congreso de 1886 el fin de esta experiencia:
“Tengo el sentimiento de participaros que la colonia establecida en la
provincia oriental, y que en un principio daba halagüeñas
esperanzas, no ha podido sostenerse desde que el Gobierno,
cumplido el compromiso con los colonos, dejó de suministrarles los
auxilios necesarios para la subsistencia. Una suma considerable se
ha perdido en esa empresa; y visto el mal éxito de los esfuerzos que
se hicieron para la fundación y progreso de la colonia, mantengo la
firme persuasión de que el único medio seguro de comunicar los
beneficios de la civilización a los moradores de nuestras selvas
orientales, es la solicitud perseverante en el fomento de las
misiones, volviendo al sistema que en pasados tiempos se ensayó
con los más satisfactorios resultados; esto es, dando a los
misioneros autoridad suficiente para el régimen de la provincia, aún
en lo civil; obligando a salir de ella a esos especuladores sin
conciencia que buscan la riqueza en el trabajo de los infelices
indígenas esclavizados a la más infame codicia...”.
Caucho y nacionalización: estrategias del Estado ecuatoriano para el
control del territorio en el contexto cauchero
En los últimos años del siglo XIX, los gobiernos ecuatorianos adoptaron
diversas estrategias con el objetivo de impulsar la presencia del Estado en la
región amazónica, ocupar el territorio y defender la soberanía frente a los
países limítrofes. Dichas estrategias encaminadas, en definitiva, a lograr un
mayor control territorial en el Oriente, surgieron y se desarrollaron en pleno
auge de la economía del caucho y de los procesos de apropiación y
nacionalización de territorios amazónicos inherentes a esta actividad extractiva
y se centraron en torno a tres asuntos fundamentales: el nombramiento de
autoridades civiles, el control de la mano de obra indígena para la extracción y
la regulación de las propiedades explotadas por los caucheros, que serán
analizados en este apartado.
Antes de entrar en materia y con la intención de ilustrar el contexto en que
se desarrollaron dichas estrategias para el control de las áreas orientales del
Ecuador, me referiré, en un primer punto, a algunos incidentes limítrofes con el
Perú que tuvieron lugar en esta etapa. En un segundo punto, abordaré la
cuestión del nombramiento de autoridades ecuatorianas en el Oriente en la
época del caucho que fue, a mi entender, la estrategia nacionalizadora más
significativa impulsada por los gobiernos de este perío do, por lo que merece un
profundo análisis. En un tercer punto me centraré en la cuestión del traslado de
mano de obra indígena desde las poblaciones del Oriente que se encontraban
en las áreas de influencia de los misioneros y las autoridades ecuatorianas,
hacia las áreas de explotación de caucho bajo el control del Perú. Este traslado
solía ser realizado de forma violenta por parte de caucheros peruanos o vinculados de alguna forma a este país y, debido a la falta de presencia
administrativa ecuatoriana en el Oriente, las medidas para controlarlo fueron
muy tímidas y se situaron, más bien, en el terreno diplomático, careciendo de
efectos prácticos. Finalmente, en un último punto me ocuparé de las medidas
destinadas a la regulación de las concesiones caucheras y de la propiedad de
terrenos, así como a otras destinadas a establecer cierto control sobre la
fiscalidad en el Oriente y que, de acuerdo con la situación vigente, tuvieron una
incidencia muy reducida y apenas de carácter formal.
Contrastando con el dinamismo desarrollado por otros países andinoamazónicos
en el ámbito político-administrativo durante la etapa cauchera, el
Ecuador enfrentó dificultades insalvables para hacer efectiva su presencia y su
actuación en el Oriente. Los obstáculos tradicionales se agigantaron: las
distancias geográficas tomaron dimensiones mucho mayores, puesto que el
escenario de la extracción del caucho se desplazó hasta lugares que habían
sido únicamente objeto de expediciones eventuales por parte de funcionarios o misioneros, mucho más allá de las poblaciones en las que durante el siglo XIX
estuvo presente algún tipo de autoridad civil o religiosa ecuatoriana de forma
más o menos estable. De la misma manera, los presupuestos estatales
resultaron, si cabe, aún más insuficientes de lo que habían sido hasta entonces
en relación con la situación prevaleciente. Asimismo, el posicionamiento de los
grupos de poder local, que ya había condicionado la acción administrativa en
décadas anteriores, se tornó mucho más compleja debido a las distorsiones
que causó la economía del caucho y los fenómenos asociados a ella.
Como se observará, gran parte de la información de la que dispongo para
abordar el contenido de los siguientes puntos se refiere a la cuenca del Napo50.
Ello obedece a que esta área constituyó un campo de intensas fricciones y se
convirtió en una de las regiones más sensibles y complejas del Oriente en
cuanto a las dinámicas socio-económicas y políticas registradas, en las que
intervinieron varios actores (indígenas, caucheros, misioneros, autoridades
destacadas por Ecuador, Perú y Colombia), que en algunas ocasiones
interactuaron de forma un tanto confusa, por lo que fue objeto de atención
preferente en la documentación oficial. Esta situación que se producía en el
Napo se reflejó, también, en el desarrollo de las negociaciones limítrofes que
tuvieron lugar, por entonces, entre Ecuador y Perú.
Los incidentes limítrofes entre Ecuador y Perú en la época
del caucho
La Convención de Arbitraje firmada en 1887 entre el Perú y el Ecuador
sometió las cuestiones de límites pendientes al arbitraje del rey de España.
Este pacto suponía que, mientras se esperaba el fallo arbitral o el arreglo
directo entre los dos países, ambos se mantuvieran dentro del statu quo, es
decir, respetaran la línea de posesión efectiva existente sobre la frontera en
litigio a la firma de este acuerdo, hasta la solución de la cuestión limítrofe. No
obstante, no hubo una posición única sobre el alcance de la posesión efectiva
propia y del otro, a consecuencia de lo cual se produjeron una serie de
incidentes. La lectura realizada en el Ecuador sobre estos incidentes, junto con
los rumores que tendían a sobredimensionarlos provocaron que, en algunos
casos, llegaran a tener cierto impacto en la política del país.
Por lo que se refiere a concesiones de terrenos, por ejemplo, sabemos de
diversas adjudicaciones realizadas por el gobierno del Perú, que provocaron
las protestas diplomáticas del gobierno del Ecuador por constituir violaciones
del statu quo. Entre ellas, cabe destacar las concesiones en el río Santiago a numerosos particulares, en 189151, o las realizadas en favor de la sociedad
denominada Unión Amazonas en 1894, que comprendían grandes extensiones
“entre los ríos Jurumbusu y Morona, el pongo Cuimbinama y el río Potro,
situados a las márgenes izquierda y derecha del Marañón”52.
En lo relativo a realización de actos administrativos en la región
amazónica, las fuentes oficiales muestran que se produjeron diversos
incidentes entre los dos países, especialmente en el área del Napo. A continuación, incluyo el desarrollo de dos casos concretos que muestran los
posicionamientos y la crispación en torno a esta cuestión expresadas por parte
de uno y otro gobierno.
El primer caso hace referencia a las expediciones peruanas al alto Napo y
al Curaray que tuvieron lugar en 1889. Dichas expediciones provocaron que el
ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador pidiera explicaciones a la
Legación del Perú sobre el hecho “de haber subido algunas autoridades
peruanas por el Napo y el Curaray, y ejercido actos de jurisdicción en dichos
lugares”. No sin antes indicar que la zona del Curaray se encontraba bajo la
posesión efectiva del Perú, el representante de este país en Quito informó a su
gobierno, el cual a su vez encargó una investigación oficial al respecto, que
concluyó que se trataba de falsas informaciones53.
No obstante, el asunto no finalizó aquí puesto que, desmintiendo esta
información oficial, el exprefecto del departamento peruano de Loreto, Samuel
Palacios Mendiburu, realizó unas declaraciones en las que afirmó haber
enviado dos expediciones al Napo, una de ellas de carácter militar y la otra de
carácter científico, al parecer con la intención de “hacer respetar el statu quo
que personas tal vez ignorantes de su existencia, pretendían violar”. A lo que
añadió que, por entonces (diciembre de 1891), dicho statu quo se violaba
nuevamente en el Napo y en el Pastaza por parte del Ecuador, sin que las
autoridades loretanas pudieran intervenir al respecto por la distancia a que se
encontraban54. Estas declaraciones fueron muy mal recibidas en los medios
institucionales del Perú, por las distorsiones que provocaron en la delicada
situación en que se encontraba el tema limítrofe. Por supuesto, llevaron a que
la Legación del Ecuador en Lima pidiera explicaciones sobre ello al gobierno
del Perú. Éste explicó, contradiciendo su propia versión oficial anterior, que en
realidad dichas expediciones sí habían tenido lugar, aunque no habían
constituido una violación del statu quo por parte del Perú, ni se habían
nombrado autoridades peruanas en el contexto de las mismas. Al contrario,
fueron ordenadas a las autoridades del departamento de Loreto por el
Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, con el objeto de inspeccionar las
áreas que estaban bajo jurisdicción peruana y la línea de statu quo. La primera
tuvo lugar en julio de 1889 y recabó información sobre “que las Repúblicas de
Colombia y el Ecuador tenían autoridades nombradas en el río Napo, muy
abajo de la confluencia de los ríos Coca y Aguarico, en lugares donde habían
trabajado caucheros peruanos, y que por el Ecuador se concedían terrenos a orillas del Tiputini”. Temiendo un posible avance de las autoridades
ecuatorianas en territorio peruano, la Legación del Perú había reclamado por
ello al Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador en enero de 189055. En
cuanto a la segunda expedición, su trayectoria no aporta datos de interés para
nuestro trabajo.
El segundo caso, relativo a la supuesta agresión del inspector fluvial de
Loreto, José María Mouron, contra la propiedad del cauchero ecuatoriano Juan
Rodas en el Curaray, sucedió en 1893. Por entonces, el vicario apostólico del
Napo, Gaspar Tovía, denunció nuevos incidentes limítrofes entre el Ecuador y
el Perú. Según este jesuita, las autoridades de Iquitos nombraron como
autoridad en el Napo a un individuo de nacionalidad portuguesa, de apellido
Mouron, que residía en Pucabarranca, población situada bajo la
desembocadura del Curaray. Estas mismas autoridades enviaron a otro
individuo, apellidado Barreto, hasta la boca del río Cononaco, afluente del
Curaray, con el objetivo de buscar un lugar apropiado para establecer una
guarnición militar del Perú.
Al hacer las reclamaciones pertinentes relativas a los hechos denunciados
por Tovía, el representante del Ecuador en Lima afirmó que dichas acciones
habían tenido lugar en áreas que se encontraban bajo la posesión efectiva del
Ecuador y añadió que este país solía “enviar comisiones militares por las aguas
del Napo, hasta el punto llamado Destacamento, media legua distante del
Amazonas, punto en donde existían, no hace aún largo tiempo, autoridades
ecuatorianas”56.
Poco tiempo después, el gobierno del Ecuador denunció ante el
encargado de negocios del Perú en Quito que dicho Mouron había atacado la
propiedad que poseía en el Curaray el cauchero ecuatoriano Juan Rodas, el
cual, según estas fuentes, desempeñaba el cargo de gobernador del Oriente57.
Prestemos atención al relato de los hechos por parte ecuatoriana que, como
veremos, fue desmentido posteriormente por la investigación oficial llevada a cabo en el Perú:
“hace dos meses, o poco más, ha sido invadida, en la ribera del río
Curaray, la casa del ecuatoriano D. Juan Rodas, Gobernador de
nuestra Provincia de Oriente. Quienes la han asaltado son un
portugués llamado José María Mouron, que inviste autoridad
conferida por el Gobierno del Perú, y un oficial con cuatro soldados
de Iquitos que formaban la escolta del primero. Una vez agredida la
casa, han insultado en ella a su propietario y a la República
ecuatoriana, dejando escritas, además, groseras injurias en las
puertas de las habitaciones: se han cargado con varias cosas
pertenecientes a dicho Gobernador y, lo que es más vituperable y
criminal, han llevado como cautiva a una pobre mujer bárbara,
llamada Antonia, que se había asilado en la casa de aquel Señor,
huyendo de las inhumanas tropelías que contra ella se han cometido
anteriormente por varios malhechores. // Se sabe que el Sr. Rodas
ha bajado personalmente a Iquitos, para ver si recobra algo de lo
que se le ha quitado por los sobredichos agresores; pero es de
suponer que no obtenga desagravio alguno en aquella comarca, y
que la infeliz cautiva del portugués Mouron sea esclavizada y
vendida por éste, como suelen serlo otras víctimas desgraciadas de
ese tráfico infame, digno de los países africanos, en los que no ha
penetrado todavía la civilización” 58.
A consecuencia de esta reclamación, el gobierno del Perú encargó una
investigación sobre los hechos acaecidos al prefecto del departamento de
Loreto que, por cierto, dio una versión muy diferente sobre el carácter de los
mismos. Al parecer, José María Mouron, que ejercía el cargo de inspector de
policía fluvial del Napo, pidió que se desplazaran algunos guardias
comandados por un inspector de policía al río Tambor Yacu, afluente del Napo
donde extraía caucho su hermano, aunque dichos agentes no pudieron evitar
que el hermano de Mouron y sus peones fueran asesinados. Durante el
desempeño de esta expedición, el inspector de policía capturó en San Javier
del Curaray, lugar cercano al del crimen, a una indígena acusada de otro
asesinato, que encontrándose enferma, murió durante su traslado a Iquitos. El
informe remarcaba que San Javier del Curaray, donde tenía su casa Juan
Rodas, estaba situado en el río Napo, debajo de la boca del río Curaray, dentro
de la jurisdicción peruana. Negaba que se hubiera robado a Rodas, el cual no
se encontraba en su propiedad cuando se produjeron estos hechos, y que éste
hubiera sido insultado como autoridad, puesto que no era gobernador del
Oriente. Además, el prefecto de Iquitos autor del informe que, por cierto,
mantenía una amistad personal con Rodas, explicó que éste se trasladó a Iquitos no para quejarse de la comisión de guardias que se habían desplazado
a Tambor Yacu y a San Javier, sino para atender cuestiones relacionadas con
sus negocios caucheros. La única queja de Rodas ante al prefecto de Loreto
fue por el hecho de que se escribió en las paredes de su casa “Mueran los
Jesuitas”, lo que se justificó como una acción espontánea por parte de uno de
los soldados de la expedición. El informe de la principal autoridad de Loreto
concluyó:
“Por lo expuesto verá U.S. que no ha habido violación del territorio;
que la casa de Rodas no ha sido robada; que éste no era entonces
el Gobernador de la Provincia de Oriente en el Ecuador; que el rapto
de la infeliz bárbara, fue la prisión a una criminal; que el Sr. Rodas y
la República ecuatoriana no han sido insultados; que los escritos
groseros, se han reducido a simples palabras de odio contra los
Jesuitas; que el Sr. Rodas no bajó a Iquitos para hacer reclamo
alguno, sino para asuntos particulares de su comercio; y que, en fin,
la comisión mandada con un propósito justificado, a nuestro propio
territorio, cumplió con su deber, sin más irregularidad que el vituperio
a los Misioneros Jesuitas, que son los que han informado
erróneamente al Gobierno del Ecuador” 59.
Es importante indicar que estos hechos causaron una gran alarma en el
Ecuador, donde, “con motivo de alarmantes noticias que se dieron, de que se
proyectaba por el Oriente una expedición peruana, al mando de un portugués,
Mouron...”, se concedieron las facultades extraordinarias al presidente Cordero.
Además, se creó la Comandancia Militar de Oriente “...para impedir cualquier
avance sobre nuestro territorio, ya sea por parte de bandoleros irresponsables
o por parte de fuerzas peruanas”60, aunque esta medida tuvo una incidencia
absolutamente puntual y casi exclusivamente simbólica.
Parece ser que, posteriormente, el gobernador de Oriente denunció que
Mouron, con otros individuos, había llegado hasta la boca del Aguarico, “con el
propósito de fijar el escudo peruano en el pueblo de la Coca”. La denuncia se
debía, probablemente, a una mera sospecha o rumor intencionado, puesto que
los acusados “no pudieron llegar [a La Coca] por obstáculos que la navegación
les opuso”61.
Nombramiento de autoridades ecuatorianas en el Oriente
Durante la etapa del caucho, los gobiernos ecuatorianos otorgaron cargos
administrativos en el Oriente a destacados caucheros que les manifestaban
cierta lealtad, asunto que es especialmente evidente en la región del Napo.
Quiero recordar, al efecto, las aportaciones de Barclay y Gamarra,
investigadoras que con anterioridad han introducido algunas ideas
fundamentales que permiten contextualizar los datos que he podido localizar en
las fuentes consultadas sobre los principales caucheros y sobre la relación de
éstos con la administración ecuatoriana durante el período que es objeto de
nuestro interés. A propósito de las transformaciones acaecidas en el alto Napo
a partir de 1870, Barclay señala que la sustitución de las producciones
tradicionales -fundamentalmente cascarilla, pita, zarzaparrilla y oro- por el
caucho comportó, entre otras cosas, un desplazamiento del eje de articulación
económica de la región y una avanzada sistemática hacia las áreas
atravesadas por los ríos navegables62. Efectivamente, el caucho produjo el
establecimiento de antiguos cascarilleros y nuevos patrones en las riberas del
Napo, el Aguarico, el Tiputini, el Yasuní o el Curaray. En estas circunstancias,
la actividad cauchera del alto Napo restó importancia al tradicional núcleo
económico y administrativo de Tena y Archidona, que había sido predominante
durante el siglo XIX, puesto que estuvo siempre intermediada por las casas
comerciales de Iquitos. Los patrones del alto Napo -ecuatorianos, peruanos,
colombianos o europeos- vendían caucho y compraban mercaderías,
principalmente armas, herramientas, alimentos, géneros y otros productos a dichas casas comerciales. Los fundos caucheros del alto Napo, lugar de
residencia de los grandes patrones, eran los centros de control de espacios
productivos que podían ser temporales y dispersos, y de los intercambios
económicos, y constituían, además, “las marcas de una ocupación ecuatoriana
en una zona de frontera mal delimitada y en esa medida quedaron registrados
en los mapas oficiales como puntos cardinales de la apropiación económica y
política del espacio”63. Pese a la intensidad de la vinculación económica de los
patrones caucheros del Oriente ecuatoriano con el circuito comercial de Iquitos,
parece ser que se mantuvieron vigentes las lealtades y la subordinación política
de éstos hacia la estructura administrativa del Ecuador, a través de las
autoridades regionales radicadas en el área de Tena-Archidona64. En relación
con ello, Barclay considera la estrategia de ocupación territorial adoptada por el
Estado ecuatoriano y señala que “la condición para que el Ecuador pudiera
ejercer el control territorial de un espacio comercialmente articulado al Perú
pasaba por hacer más estrechas las relaciones con los patrones caucheros
leales a la autoridad del Estado ecuatoriano”, aunque por supuesto, las
relaciones comerciales con Iquitos matizarían esa lealtad65. En este sentido, la
autora señala que algunos de los grandes patrones ejercieron funciones de
autoridad durante toda la etapa cauchera. A decir de Barclay, el ejercicio de
cargos administrativos en los momentos iniciales del auge cauchero, les
permitió consolidar una posición económica aventajada y convertirse en los
principales patrones del alto Napo66. A este respecto, Gamarra ha señalado
que a fines del siglo XIX y en los inicios del XX, se constituyó en el Oriente un
poder administrativo regional vinculado a la economía cauchera. Sus
representantes se debatieron entre las dos fuerzas que actuaban de forma
simultánea y contrapuesta en la región: de un lado, la penetración burocrática
por parte del Estado ecuatoriano, que requería las lealtades políticas de sus
ciudadanos; de otro lado, la penetración comercial desde Iquitos, que requería
las lealtades económicas de sus clientes. Además, la autora señala que dichos
agentes resistieron el avance del poder central “ya sea anidándose en la
estructura burocrática, ya sea mediatizándolo a través de una extensa red de
lazos familiares”67 y sitúa que el entronque del poder cauchero con la
burocracia de Oriente se produjo hacia 188068.
A partir de estos precedentes aportados por las dos autoras
mencionadas, situemos quiénes fueron algunos de los principales caucheros
del Napo a fines del siglo XIX. Uno de los informes del gobernador Francisco
Andrade Marín, correspondiente a 1885, señaló la presencia estable de
diversos explotadores a lo largo de la cuenca del río Napo, algunos de los
cuales poseían explotaciones de gran envergadura:
“Respecto a caucho, ahora mismo hay varios especuladores en este
ramo, que están dispersos desde la boca del Napo hasta la parte
más avanzada de este río, en la respectiva zona. David Andrade, de
Pelileo, saca caucho en Zambrano cerca de Mazán; Manuel Jara, de
Quito, en San Antonio, frente a Tuta-pishco; el colombiano Fernando
Santacruz, en la boca del Aguarico; Delfín Panduro, oriental, en
Cotacocha [sic]; Juan Rodas, cuencano, en el Curaray, y el quiteño
Javier Morán en el Tiputino [sic] y la Coca” .
Pocos años después, a fines de 1891, el superior jesuita Rafael Cáceres
realizó un viaje de inspección a los territorios de la misión del Napo y también
dio cuenta de que, en las riberas del río Napo, más allá de la desembocadura
del Coca, algunos ecuatorianos extraían el caucho. En concreto mencionó la
presencia de Delfín Panduro en el Tiputini, el cual contaba con 25 familias de
indios como peones. Muy cerca de allí “está con algunas familias otro
ecuatoriano, que busca libertad (¿?) en el pretendido derecho de Colombia”70.
También se refirió a los establecimientos caucheros ubicados en San Javier,
“en la desembocadura del Curaray, donde el sr. Juan Rodas tiene cosa de 30
familias”; “Huririma [sic71] [...] posesión del D. Benigno Villena, ecuatoriano”;
Pucabarranca, donde estaban instalados dos portugueses con algunos
caucheros y, finalmente, La Magdalena “posesión del Sr. David Andrade,
ecuatoriano de Pelileo, a orillas del río Mazán...”, a sólo un día de navegación
del Marañón. Más allá del Mazán, Cáceres hizo referencia al lugar denominado
Destacamento, “reconocido de jurisdicción ecuatoriana hasta estos últimos
tiempos. El gobernador del Napo, aún en días de vivos, nombraba el teniente
político, y era el punto donde se detenía la escolta ecuatoriana cuando llevaba
algún desterrado por aquella vía”72.
Sabemos que algunos de los caucheros mencionados en estas dos
fuentes desempeñaron cargos administrativos en las últimas décadas del siglo
XIX. En concreto, destacan los casos de los hermanos Miguel y Javier Morán,
Juan Rodas, Delfín Panduro y Antonio Llori, sobre los que quiero hacer algunas
reflexiones73.
Los hermanos Miguel y Javier Morán fueron dueños de una propiedad en
La Coca y desempeñaron un importante papel en la economía y en la sociedad
local. Como La Coca era un área de control difuso, en la que se solapaba la
soberanía del Ecuador y la de Colombia, los Morán aprovecharon esta
situación para mantener una doble lealtad, según fuera de su conveniencia.
Sabemos que Miguel fue gobernador ecuatoriano del Oriente hacia 1883, cargo
que debió ofrecerle un amplio margen de maniobra de cara a la obtención de
mano de obra indígena para la promoción de sus negocios, fundamentalmente
cascarilla y caucho. En este mismo año fue acusado por sus peones
cascarilleros por falta de pago, a consecuencia de lo cual fue apresado y
destituido. A partir de entonces, los Morán priorizaron su lealtad al Estado
colombiano, para el cual también desempeñaron cargos administrativos
destacados. Además, los Morán mantuvieron una actitud beligerante contra los
jesuitas a causa de la cuestión del control de la mano de obra indígena, que les
llevó incluso a planear atentados violentos contra algunos de los religiosos,
como veremos al analizar la evolución de la misión jesuita del Napo en estos
años en el siguiente capítulo74.
Lo que parece claro es que, después de la destitución de Miguel Morán
en 1883, el gobierno ecuatoriano intentó asegurarse la lealtad de los sucesivos
gobernadores de Oriente, así como su compromiso de colaboración con los
jesuitas. Al menos, así parece indicarlo el hecho de que Miguel Morán fuera
relevado por Juan Rodas. Éste, oriundo de Cuenca, había llegado al Oriente
hacia 186875. Algunas fuentes muestran que realizó sus primeras actividades
comerciales en las poblaciones de Aguano y Santa Rosa76. Hacia 1870 se
desplazó a La Coca y, por recomendación del padre Fonseca, que visitó el
Napo por entonces, fue nombrado teniente político de las poblaciones de La
Coca, Suno y San Rafael, nombramiento que suscitó diversos incidentes
limítrofes entre Ecuador y Colombia77. Pudiera ser que el enfrentamiento entre
Rodas y los Morán se remontara a esta etapa, en la que coincidieron en La
Coca. Las fuentes sitúan un poco más adelante a Juan Rodas como recolector
de zarzaparrilla y cauchero en la confluencia del Curaray con el Napo, que
constituía un enclave de gran valor estratégico, puesto que tanto el Ecuador
como el Perú la consideraban bajo su posesión. En esta área era dueño de la
propiedad denominada San Javier y, según otras fuentes, también de El
Carmen78. Desde el Curaray desempeñó el cargo de gobernador de Oriente por
un breve lapso hacia 1883-1884, entre la destitución de Miguel Morán y el
posterior nombramiento de Francisco Andrade Marín. Durante su paso por la
Gobernación volvió a polemizar con los Morán, cuando éstos presentaron un
proyecto a la Convención Nacional que, con el aparente propósito de abrir un
camino al Napo, les proporcionaría importantes avances en el terreno de los
amigo fiel de los misioneros del Napo”. Los incidentes limítrofes entre Ecuador y
negocios particulares79. En los años siguientes, continuó siendo un personaje
fundamental en los engranajes socio-económicos y políticos del área de
frontera. Aliado de los gobiernos ecuatorianos y de los jesuitas, ello no le
impedía mantener importantes relaciones económicas con Iquitos y con las
autoridades peruanas del departamento de Loreto, tal como hemos visto en el
punto anterior al analizar la supuesta agresión perpetrada por autoridades
peruanas contra su propiedad.
Vale la pena insistir aquí en la cuestión de los cambios de autoridad y la
superposición de soberanías que experimentó la población de La Coca, y que
ya hemos señalado al describir la trayectoria de los Morán y de Juan Rodas.
Tal como expuso el padre Cáceres en los comentarios realizados tras su viaje
por el Napo en 1891:
“El antiguo pueblo de la Coca que hace 20 años [por tanto hacia
1870] contaba 40 familias, estaba situado al frente del actual [...] Su
autoridad era ecuatoriana (D. Juan Rodas) y su cura uno de los
primeros misioneros de la Compañía de Jesús, el P. Ambrosio
Fonseca. Hubo de abandonarse el sitio por las terribles avenidas del
río Coca. Años después el Prefecto de Mocoa, no sabemos con que
derecho, nombró teniente suyo a un ecuatoriano [se trataba de
Miguel Morán] que había fijado su vivienda allí: el caso es tal vez
único en su género, de ser un ciudadano ecuatoriano autoridad (?)
colombiana en terreno ecuatoriano, sin pueblo en que ejercer su
mentida autoridad, pues ese ciudadano vivía solo!” 80.
El caso de La Coca refuerza las ideas expuestas al principio de este
punto sobre la inestabilidad de las soberanías en los territorios amazónicos y
sobre la ambigüedad presente en las lealtades de los caucheros.
Siguiendo la trayectoria y las relaciones establecidas entre los caucheros,
es importante indicar que Juan Rodas era cuñado de otro de los más
destacados patrones del Napo, Delfín Panduro. Parece ser que la familia
Panduro, acompañada de otra familia de apellido Boada, se establecieron en
Cotococha, sobre el Napo, hacia 187081. Efectivamente, el informe de Andrade
Marín citado anteriormente sitúa a Panduro extrayendo goma en Cotococha
hacia 1885. Posteriormente, se trasladaron río Napo abajo y, para 1891,
Cáceres indica que Panduro era dueño de la propiedad llamada La Fortaleza,
en la confluencia del Tiputini con el Napo82. Un testimonio sobre Fortaleza
hacia 1890 revela que contaba con terrenos de labranza y disponía de más de
ochenta peones “todos indios ecuatorianos [...] unos recién apresados, otros ya
acostumbrados a la explotación del caucho”. Anota también que no había en
ese lugar caucheros peruanos ni autoridades destacadas por ese país83.
Después de 1892, la familia Panduro, siempre asociada con la familia Boada,
se desplazó río Napo abajo hacia la boca del Yasuní, donde fundaron la
propiedad conocida como Florencia84. Como veremos en el siguiente punto al
abordar la cuestión del traslado de mano de obra indígena para la extracción
del caucho, Panduro fue nombrado autoridad ecuatoriana en el Tiputini hacia
1890, con el objetivo de evitar las frecuentes capturas de indígenas por parte
de caucheros peruanos que tenían lugar en esta zona, aunque ya he dicho que
él mismo contaba con numerosos peones “capturados” en su propiedad.
Parece ser que desempeñó este cargo hasta su muerte acaecida en 1897 y
que su familia continuó vinculada al negocio cauchero85.
En cuanto a Antonio Llori, extraía caucho en el Aguano desde la década
de 1870. El explorador Alfred Simson, que viajó por el Oriente entre 1874 y
1875, relató que en Aguano conoció a un cauchero y comerciante de apellido
Llore, que le acompañó en su viaje al Aguarico y al Amazonas. Al parecer, era
un gran conocedor del área y gozaba de cierta influencia sobre los indígenas
debido a su matrimonio con una mujer zápara:
“...era uno de los pocos hombres que conocían muy bien el río, pues
había gastado dos o tres años en correrías por su curso,
especialmente en busca de caucho. Era, además, muy conocedor de
las costumbres de los Záparos, parientes de su suegra, de su idioma
y también del quichua; un muy experto cazador y un boga tal como
aquellos que se encuentran solo en el río Esmeraldas, en la costa
occidental, de donde era nativo” 86.
Llori constituyó un apoyo destacado para los jesuitas, como se verá en el
siguiente capítulo al analizar la cuestión del poder local en el Napo y los
enfrentamientos entre comerciantes y misioneros, lo que le sirvió de aval para
obtener diversos cargos administrativos en el Oriente a partir de 1883. En
concreto, Gamarra indica que fue comisario político en Archidona (1883), jefe
político en Napo (1883), comisario político en Aguano (1883) y teniente político
también en Aguano (1889)87. La prensa oficial que he consultado también lo
sitúa como gobernador de Oriente hacia mediados de 1887 y, nuevamente, en
189388. Ya fuera de los límites temporales de nuestro trabajo, fue inspector civil
ad-honorem en Aguano (1907). Existen referencias de que su hermano
Reinaldo, también cauchero, fue teniente político en Aguano (1886),
gobernador del Oriente (1887) y teniente político en Pacahurcu (1896)89.
Parece ser que posteriormente sus familiares continuaron dedicándose al
caucho90.
Aunque no tenemos indicios de que desempeñaran cargos
administrativos, es importante mencionar el caso de los hermanos David y
Elías Andrade. Inicialmente extraían en el Mazán, muy cerca de Iquitos. Como
veremos al hablar de las misiones, apoyaron al religioso dominico Enrique
Vacas Galindo en su huída de las autoridades peruanas que lo habían
apresado en Yurimaguas, lo que puede contemplarse como una cierta muestra
de lealtad a la administración ecuatoriana. Parece ser que, posteriormente,
Elías extrajo gomas en el Aguarico y se vinculó a las casas Iquitos Trading Co.
y Casa Israel, que operaban en el alto Napo91.
Las actitudes, posicionamientos y trayectorias de estos caucheros, que
hemos podido establecer a partir de la documentación consultada, llevan a confirmar algunos de los puntos señalados por Barclay y Gamarra y permiten
ampliar la información disponible para el período correspondiente a fines del
siglo XIX, analizado con menor intensidad por estas dos investigadoras. En
síntesis, la incapacidad de los gobiernos del Ecuador para disponer de una
administración civil en el Oriente en el crítico contexto de la emergencia del
caucho, llevó a que algunos caucheros ecuatorianos fueran nombrados
autoridades. Estos cargos administrativos recayeron en individuos que poseían
propiedades en lugares estratégicos y que, a pesar de su vinculación
económica con Iquitos, mantenían cierta lealtad a la administración
ecuatoriana. Dicha lealtad se demostraba, básicamente, a través del apoyo que
brindaban a los jesuitas en el contexto de los enfrentamientos por el poder local
en el Napo. La alianza entre estos caucheros y los gobiernos ecuatorianos de
fines del siglo XIX proporcionó a los primeros la posibilidad de consolidar una
posición económica aventajada y convertirse en los principales patrones del
alto Napo, tal como ya hemos dicho que ha sido señalado por Barclay. La
contrapartida para los gobiernos ecuatorianos consistió en la posibilidad de
exhibir frente a los países vecinos cierto control, al menos formal, en las áreas
desarticuladas política y económicamente, y en la cooptación -condicionada- de
aliados en la compleja trama de los poderes locales.
Control de la mano de obra indígena para la extracción del
Caucho
La extracción del caucho provocó un significativo incremento de la
demanda de mano de obra para su recolección, contexto en el cual se
produjeron desplazamientos masivos de poblaciones indígenas desde las
décadas finales del siglo XIX hasta la segunda década del XX. El reclutamiento
forzado de esta fuerza de trabajo se realizó bajo dos modalidades principales,
bien a través de “correrías”, es decir, incursiones armadas organizadas por los
caucheros para capturar a los indígenas con métodos violentos; bien a través
del endeudamiento y consiguiente “enganche” del peón92. En este apartado
analizaré la cuestión de la captura y traslado de mano de obra indígena para el
caucho en el Oriente, en las décadas finales del siglo XIX, especialmente
desde 1890, en que este asunto empieza a ser el más destacado en las
fuentes oficiales disponibles sobre esta región, hasta 1895, fecha límite de mi
estudio. Este análisis permitirá situar las iniciativas de los gobiernos
ecuatorianos al respecto, que estuvieron limitadas casi exclusivamente al
terreno diplomático.
La documentación consultada se refiere, de forma recurrente, a la
realización de “correrías” por parte de caucheros peruanos, los cuales
capturaban a numerosa población indígena en los territorios que se
encontraban bajo posesión efectiva del Ecuador y la trasladaban hasta las
zonas de extracción. Dichas fuentes no concretan, normalmente, de qué
poblaciones indígenas se trataba. En algunos casos se refieren a “indios del
Napo”, queriendo indicar probablemente a quichuas, záparos o a otros grupos
que fueron objeto de esta trata. El carácter de estas fuentes no permite
averiguar, de forma estricta, si se trataba exclusivamente de peones
capturados en “correrías” o si entre éstos figuraban también peones
“enganchados” mediante la figura del endeudamiento forzoso que eran objeto
de traspaso. Veamos algunas referencias.
A mediados de 1889, el entonces gobernador del Oriente, Jorge
Villavicencio, expuso al gobierno del Ecuador haber enviado una expedición
militar a la zona del Tiputini, con el objetivo de investigar sobre el robo de niños
indígenas. Como señaló dicho gobernador, esta expedición constituía, además,
un acto de afirmación territorial por parte del Estado ecuatoriano:
“...esta comisión me parece que es de mucho valor, para que vean
que soldados ecuatorianos pasean en los confines de la República, y
ver si las naciones que se hallan colindantes se contienen del robo
de terrenos, que me aseguran que lo hacen constantemente...” 93.
Las primeras referencias a nivel diplomático que he localizado sobre esta
cuestión datan de principios de 1891, cuando el representante del Ecuador en
Lima denunció ante el gobierno del Perú que un grupo de caucheros peruanos
había cometido una masacre de indígenas en el río Mantá, afluente del
Curaray, capturando a los supervivientes, que fueron llevados al Amazonas
para ser vendidos. Por ello, solicitó la adopción de medidas para detener el
tráfico de indígenas que, por entonces, se producía de forma habitual:
“Alentados los aventureros con la impunidad y con el éxito de sus
criminales correrías, han continuado en el tráfico de salvajes en esas
regiones hasta el punto de ser hoy rara la lancha de vapor que
aportando a ellos no regresa a Iquitos cargada de esa mercadería
humana” .
Nuevas referencias a los secuestros de indígenas aparecen reflejadas en
la Memoria de la Legación del Perú en el Ecuador correspondiente a 1891, en
la que el representante peruano en Quito anotó que el Ministerio de Relaciones
Exteriores del Ecuador le había solicitado la adopción de medidas “para impedir
los abusos que las autoridades subalternas del Amazonas peruano practican
con los indios del Napo, disponiendo de ellos a su antojo”. En este sentido,
dicho Ministerio había propuesto que se hiciese subir sal y otros artículos hasta
cierta altura en el curso del Napo, para evitar que los indígenas bajaran a abastecerse de dichos productos, arriesgándose a ser capturados por
caucheros peruanos. Al respecto, el representante del Perú indicó que la causa
de todo esto era la falta de demarcación territorial “pues las autoridades
peruanas creen tener jurisdicción sobre los indios de esas zonas, y que pueden
mandarlos como a súbditos peruanos”95. En esta explicación se percibe cierta
descoordinación entre las autoridades peruanas de Lima y las del
departamento peruano de Loreto, que ya hemos anotado con anterioridad al
analizar los incidentes limítrofes entre el Ecuador y el Perú en estos años
finiseculares, en el primer punto de este apartado.
Otras denuncias similares, esta vez procedentes de autoridades religiosas
y civiles del Oriente, se registraron muy poco tiempo después, a principios de
1892. De un lado, el vicario apostólico del Napo denunció “las incalificables
tropelías que, individuos de nacionalidad peruana, perpetran a menudo en
indios y territorios ecuatorianos”. De otro lado, el gobernador del Oriente
informó de que “un individuo llamado Abraham Pérez, también peruano, que ha
permanecido desde hace algún tiempo en territorios del río Napo, y después
fugádose de allí, ha cometido depredaciones de todo género contra indefensos
indígenas, como raptos, heridas y ventas de algunos de éstos”. Estos
desmanes provocaron nuevas reclamaciones oficiales por parte del gobierno
del Ecuador al del Perú96. Probablemente en relación con los hechos
contenidos en las dos denuncias anteriores, sabemos que el gobernador del
Oriente, Juan E. Mosquera, notificó al gobierno del Ecuador haber impartido
instrucciones a los comerciantes del Curaray para que dejaran de cometer
extorsiones contra los indígenas záparos y avishiris97, aunque es evidente que
los gobernadores del Oriente no disponían de medios para controlar esta
situación.
La salida de mano de obra indígena fue especialmente notoria en el área
de Loreto, en el alto Napo98. Numerosos indígenas de esta zona eran
conducidos a las explotaciones caucheras del Tiputini, probablemente
“enganchados”. Un gobernador de Oriente, Jorge Villavicencio, daba cuenta de
ello:
“Como de las poblaciones del departamento de Loreto, se sabe
positivamente que están abandonando familias de indígenas, a los
puntos del Tiputine [sic], so pretexto de extraer cauchos, y de esta
fuga resulta que ni trabajan, ni asisten a los ejercicios doctrinales;
causa por la que se quejan los Padres que existen en Loreto, y he
mandado cuatro individuos de tropa, a que se pongan a órdenes de
los referidos Padres; porque el inconveniente que existe es que
algunos comerciantes no dejan de azusar [sic] a los incautos
indígenas, y éstos a la vez que por si son amantes a sólo vivir en lo
más retirado de las poblaciones, y no necesitan de mucho apoyo
para llevar a cabo su intento de fuga” 99.
Para controlar esta situación, en la medida de lo posible, se nombró una
autoridad ecuatoriana en el área del Tiputini, sin que las fuentes consultadas
especifiquen de qué rango ni con qué atribuciones, cargo que recayó en el
cauchero Delfín Panduro, que trabajaba en el área100. También se dispuso que
el jefe político del Oriente se trasladara de Archidona a Loreto, acompañado de
varios soldados, con el objetivo de vigilar la salida de mano de obra indígena
hacia el Tiputini. No obstante, poca colaboración se podía esperar de los
caucheros en un asunto como éste, si tenemos en cuenta su implicación en la
captura, explotación y tráfico de mano de obra indígena. Recordemos lo dicho
anteriormente sobre los Morán, denunciados por falta de pago y abusos contra
peones, y sobre el propio Panduro, dueño de numerosos peones capturados
que trabajaban en su propiedad Fortaleza, situada en la confluencia del
Tipunini con el Napo.
La cuestión del traslado de mano de obra indígena cauchera llevó al
Ecuador a solicitar que la Santa Sede llamara la atención al gobierno del Perú,
a través del delegado apostólico en Lima, José Macchi, lo que fue aceptado101.
Además, el Tratado Herrera-García prohibió explícitamente el tráfico de
indígenas102, aunque como es evidente, era completamente imposible controlar
este asunto con simples acuerdos diplomáticos.
Regulación de las concesiones caucheras
La progresiva importancia de la extracción cauchera en la Amazonía
alertó a los gobiernos ecuatorianos acerca de la necesidad de regular el acceso
a la propiedad en la región. En el Ecuador, de acuerdo con la legislación que
databa de 1875, los bosques eran de libre explotación103. A partir de 1889 se
estableció la concesión de bosques por diez años, así como la posibilidad de
someterlos a contratos de arrendamiento104. Los solicitantes de títulos de
propiedad debían justificar ser de nacionalidad ecuatoriana, así como que sus
explotaciones no estaban ocupadas por otros ecuatorianos y que no eran
agentes simulados de empresarios o compañías extranjeras. Realizadas estas
comprobaciones, la solicitud se publicaba en los periódicos del país y se fijaban
carteles en las poblaciones aledañas al área que se pretendía obtener en
concesión. Pero es evidente que el proceso que esta medida planteaba a nivel
formal resultaba muy poco práctico, por lo que el acceso de los patrones
caucheros a los espacios extractivos tuvo un carácter fundamentalmente
informal. Barclay ya ha señalado al respecto que, debido a la dispersión de
cauchales y gomales, en el Oriente ecuatoriano fueron explotadas grandes
extensiones de bosque sin que mediaran concesiones legales. En el caso de
las solicitudes de terrenos que sí se encauzaron por vías legales, lo impreciso
de su ubicación y lo exagerado de su tamaño indica que éstas debieron, por
fuerza, superponerse. También la centralización de los trámites legales en
Quito con las consiguientes demoras que implicaba, debió contribuir a este
carácter informal, en plena vorágine de la extracción del caucho105.
Un análisis de la prensa oficial de estos años permite establecer que, a pesar de la informalidad que reinaba en el acceso a las explotaciones, en
algunos casos los patrones caucheros intentaron legitimar su derecho a la
propiedad acogiéndose a lo prescrito en el mencionado decreto de 4.02.1889.
En los meses inmediatamente posteriores a la fecha de su aprobación, se
detecta la existencia de numerosas solicitudes de terrenos que ya se
explotaban o en los que pretendían iniciar la explotación de caucho y otros
recursos naturales en el alto Napo, que fueron presentadas ante la
Gobernación de la provincia de Pichincha o ante la Gobernación de la provincia
de Oriente106. Entre ellas, las firmadas por Benigno Muñoz107, Carlos
Mateus108, Javier Morán109, Vicente M. Pallares110, Agustín Peñafiel111, Manuel
Buenaño112 y Juan Pablo Estrada113. Posteriormente, se presentaron las de
Gabriel García114, Heliodoro Cevallos115 y José Pío Terán116.
Me interesa señalar que, en algunos casos, estas solicitudes
mencionaban la presencia de sembríos de indígenas al interior de los terrenos
solicitados e indicaban que éstos quedaban excluidos de la concesión
solicitada. En este sentido, puedo adelantar que la ocupación de terrenos
producida por la extracción del caucho en el alto Napo, generó una importante
confrontación entre misioneros y comerciantes, asunto que analizaré en el
capítulo siguiente al retomar la cuestión de las misiones y el poder local en el
Napo.
La ausencia de aduanas en el Oriente es una cuestión que también
merece aquí un breve comentario, puesto que la situación no podía ser más
crítica. El caucho extraído en el espacio ecuatoriano era transportado en
lanchas a vapor, generalmente propiedad de compañías peruanas que
controlaban la navegación en esta zona, y era sacado, legal o ilegalmente, por
Iquitos117. No existían puertos ecuatorianos en el Oriente a través de los cuales
ejercer un control aduanero sobre la salida de caucho extraído en la parte que
este país ocupaba de forma efectiva. De la misma forma sucedía con los
derechos sobre la entrada de productos, principalmente víveres y armas, que
se importaban también desde Iquitos, por lo que los gobiernos ecuatorianos
dejaban de percibir sustanciosas rentas. La única medida adoptada con
respecto a la extracción del caucho a fines del siglo XIX y destinada al control
fiscal, llegó a través de una reclamación efectuada por Javier Morán, a consecuencia de los impuestos de exportación que se le cobraron en 1891 en
la Aduana de Iquitos por el traslado de una remesa de caucho con destino a Nueva York. Esta reclamación de Javier Morán fue avalada por el propio vicario
apostólico del Napo, Gaspar Tovía, a pesar de que los jesuitas y los hermanos
Morán mantenían un enfrentamiento frontal, del cual me ocupo en otros
apartados de este trabajo. A consecuencia de la misma, el gobierno del
Ecuador solicitó al del Perú una disposición provisional para que no se
cobrasen impuestos a los artículos de procedencia ecuatoriana en tránsito por
Iquitos, hasta la finalización de las negociaciones de límites y la reglamentación
de las relaciones comerciales efectuadas a través de los ríos del Oriente. El
Perú accedió a la devolución de los derechos cobrados a Morán y a no gravar
con impuestos de exportación a los artículos procedentes de los territorios
orientales gobernados por autoridades ecuatorianas118.
En general, podemos considerar que las medidas adoptadas por el
progresismo con el objetivo de regular las concesiones caucheras, así como las
incipientes acciones relacionadas con la fiscalidad resultaron ineficaces debido
a las carencias de la administración civil ecuatoriana en el Oriente y a las
características mismas de la extracción del caucho. En las décadas
posteriores, que ya escapan a nuestro marco cronológico, los gobiernos
liberales del Ecuador implementaron una serie de mecanismos más completos
para mejorar el control fiscal y de la propiedad en el Oriente119.
Vías de comunicación entre la Sierra y el Oriente
En este apartado retomaré el seguimiento que vengo efectuando, desde
los inicios de la República, de las propuestas relativas a la construcción y
mejoramiento de las vías de comunicación entre la Sierra y el Oriente. De
entrada, hay que indicar que las decisiones de los gobiernos progresistas en
materia de vialidad al Oriente estuvieron marcadas por la debilidad, la
ambigüedad y las contradicciones. De hecho, no fue hasta 1894, ya en las
postrimerías del progresismo, que se aprobó un decreto legislativo de carácter
amplio con el objetivo de mejorar todas las vías de comunicación que
articulaban la Sierra con los espacios orientales, medida que acompañó a las
reformas administrativas a la Ley de Oriente vigente que fueron adoptadas en
aquel momento120.
En contraste con la inercia de los gobiernos, fueron las élites regionales y
los empresarios privados, nuevamente, los principales agentes que
dinamizaron la cuestión de las vías de comunicación al Oriente durante los
años del progresismo. Efectivamente, las propuestas viales procedieron, en su
mayoría, de las persistentes iniciativas regionales, cuando no de muy bien
definidos intereses particulares relacionados con la extracción puntual de
determinados recursos, como la cascarilla o el caucho. En este sentido, la
creciente dinamización económica del Oriente que tuvo lugar en estos años,
provocó la reactivación de ejes de articulación que habían permanecido
adormecidos durante el siglo XIX, así como el interés por establecer nuevos
ejes en busca de riquezas naturales pujantes. Sin olvidar tampoco que, como
en la etapa garciana, los misioneros hicieron su propia aportación a la
construcción de vías de comunicación, sin apenas apoyo gubernamental, pese
a la retórica oficial. En síntesis, a lo largo de los doce años de régimen
progresista, la cuestión de las vías de comunicación entre la Sierra y el Oriente
constituyó un campo plagado de propuestas, expectativas y protagonistas
diversos, y mostró numerosos claroscuros, algunos de los cuales se pondrán
en evidencia a lo largo de los siguientes puntos.
Pero antes de abordar los proyectos viales promovidos a escala regional,
me interesa referirme al hecho de que en estos años finiseculares, marcados
por la extracción del caucho, el conflicto territorial y cierta exacerbación del
nacionalismo, se elaboraron algunos proyectos de comunicaciones de gran
envergadura que planteaban la “conquista del Oriente” para el Ecuador. Dichos
proyectos, que incluían la colonización a gran escala y la construcción de
grandes vías de comunicación entre la Costa, la Sierra y el Oriente, se
presentaron como la panacea infalible para lograr el control efectivo sobre este
territorio. El estudio de los mismos revela que se trataba de ideas tan
ambiciosas como irrealizables, en las que tampoco faltaba algún que otro
elemento visionario.
Un caso que permite ilustrar las afirmaciones anteriores es el de José
Mora López, un cuencano que elucubró algunas propuestas relativas al Oriente
y que destacó también como encendido polemista en temas relacionados con
el conflicto territorial. De entrada, en 1891 dio a conocer un proyecto para
articular el Norte y el Sur de la Sierra con el Amazonas, a través de los ríos
Napo y Santiago, respectivamente, que incluía el establecimiento de puertos y
de la navegación a vapor. En concreto, propuso establecer un puerto en la
población de Paute y otro en la desembocadura del Santiago en el Amazonas;
así como dos puertos en el Napo: uno en Santa Rosa y otro también en su
desembocadura. Los obstáculos que se presentaban para la realización de
esta ingente iniciativa le parecían fácilmente superables. En concreto, se refirió
a la falta de caminos entre la Sierra y el Oriente: “...es cierto que ésto,
demandaría algún gasto, más es tan pequeño, que podría superarse...”;
también se refirió al pongo de Manseriche como barrera geográfica que
impedía la navegación del Santiago, que tampoco le pareció una gran dificultad
a tener en cuenta. Finalmente, mencionó la resistencia de las poblaciones
indígenas que, según él, se neutralizaría sin problemas, gracias al comercio y a la cristianización que traería consigo la colonización del Oriente por parte de
ecuatorianos y de extranjeros propiciada a partir de esta iniciativa121. Pocos
años después, en 1894, elaboró otra propuesta todavía más ambiciosa si cabe,
destinada a fomentar la colonización tanto en la Costa, principalmente en
Esmeraldas y en el valle del río Jubones, como en el Oriente. Para ello
propuso, en primer lugar, la supresión de cualquier impuesto a las empresas
que se instalaran en estas áreas. En segundo lugar, una serie de medios que
facilitaran la llegada de colonos al Ecuador, entre los cuales el principal era la
creación de una comisión en Europa para la captación de los mismos. En tercer
lugar, la revitalización de las poblaciones ya existentes en el Oriente y la
fundación de varias más en puntos estratégicos de los cursos de los ríos
Santiago, Pastaza, Napo y Putumayo. En concreto, propuso crear una
población en la confluencia del río Zamora con el río Santiago, otra en la
desembocadura del Pastaza en el Marañón y varias en el curso del Napo y el
Putumayo. En cuanto a la introducción de la navegación fluvial, señaló la
necesidad de comprar y traer desde Europa dos vapores, para recorrer los ríos
del Oriente desde el Yapurá hasta el Santiago, los cuales traerían inmigrantes
europeos y se llevarían los productos de exportación en sentido inverso,
contribuyendo, además, a la vigilancia de las fronteras122. Aunque el autor
aseguró en su escrito que iba a presentar esta propuesta al Congreso de 1894,
no he encontrado indicios que lo confirmen en el índice de los debates de dicha
legislatura. Las propuestas de José Mora López transmitían una imagen
estereotipada del Oriente como territorio pletórico de riquezas, cuyo
aprovechamiento transformaría completamente al país, y prescindían por
completo del hecho que otros países ejercían el control efectivo y
administrativo desde hacía décadas en las áreas sobre las que se pretendía
desarrollar estas acciones colonizadoras. Por supuesto, tampoco partían de
una valoración ajustada y realista de las dificultades que enfrentaba el Ecuador,
tanto económicas como políticas, para emprender proyectos de tal
envergadura.
También en este ambiente de inquietud finisecular que se vivió en el
Ecuador debido a los hechos que tenían lugar en las áreas amazónicas, se
planteó la primera propuesta relativa a la construcción de un ferrocarril al
Oriente, desde Puerto Bolívar a un punto navegable del Santiago que diera
acceso al Amazonas. En concreto, dicha propuesta, que data de 1894, planteó
la construcción de una línea férrea que conectase Puerto Bolívar, Machala,
Cuenca y los ríos Paute y Santiago, culminando en un punto navegable de este
último, donde se establecería una aduana123. Sus promotores iniciales fueron el
ecuatoriano Salvador Ordóñez124 y el estadounidense Russell Duane. La
compañía constructora se comprometió a construir el ferrocarril en 15 años, a cambio de lo cual solicitó al gobierno la cesión de terrenos y un privilegio de 90
años para la explotación de la línea, durante la duración del cual ninguna otra
empresa podría construir ferrocarriles al Oriente. Diversas cartas de Ordóñez al
presidente Luis Cordero enfatizaban la importancia política y comercial del
proyecto que constituía, a decir de su promotor, “una empresa tan útil como
patriótica”125. Aunque esta propuesta, como la de Mora López, iba a ser
presentada al Congreso de 1894, no se encuentran indicios de ello en el índice
de los debates de dicha legislatura. En los años siguientes, el gran proyecto
ferrocarrilero Puerto Bolívar-Amazonas se replanteó en diversas ocasiones, ya
fuera pasando por Cuenca, ya por Loja, y entró en competencia frontal con otra
conocida propuesta de ferrocarril al Oriente que debía articular Ambato con el
río Curaray, generando un significativo debate regionalista entre los partidarios
de cada una de ellas126.
La búsqueda de un acceso al Nororiente desde las provincias
septentrionales de la Sierra
Las rutas de acceso desde algunas poblaciones de las provincias
septentrionales de la Sierra hasta las áreas del Nororiente debieron
mantenerse bastante inactivas durante la mayor parte del siglo XIX. En su
repaso a los caminos al Oriente realizado a mediados del siglo XIX, Manuel
Villavicencio hacía referencia al camino llamado del Pun o Pimampiró, que
partía de Ibarra y, atravesando el poblado de Pun, llevaba hasta las regiones
orientales bañadas por los ríos Cofanes y Aguarico127. A partir de ahí, no se
encuentran indicios del tráfico en ésta u otras vías de comunicación al extremo
nororiental en la documentación oficial consultada. No es hasta esta etapa
finisecular en que contamos con nuevos datos al respecto, que revelan tanto el
interés de algunos empresarios y grupos de poder regionales en mejorar los
accesos y facilitar la extracción de recursos naturales como caucho y quina,
como la aparición de conflictos entre extractores ecuatorianos y colombianos,
por tratarse de una zona donde confluía el movimiento extractivo centralizado
en el Carchi ecuatoriano con el que tenía su origen en la zona colombiana de
Mocoa.
Efectivamente, algunos vecinos del Carchi realizaban actividades
extractivas en las regiones orientales de esta provincia, a veces incluso en
zonas bastante alejadas que las fuentes regionales de esos años denominaban
de forma imprecisa “montañas del Caquetá”, adscritas a la circunscripción
colombiana de Mocoa. En una fuente de la época, el gobernador del Carchi
refería el caso de Fidel Coral, vecino de Tulcán, que faenaba en el área
colombiana, “quien se promete el formar una trocha y salir por élla a este lugar
[Tulcán] o a Huaca; mucho les interesa el tener un camino más corto para
sacar los alcaloides que trabajan por Mocoa”, y comentaba también que existía
“bastante entusiasmo de parte de algunos vecinos de este lugar, por ir a la
montaña”128. Es en este ambiente de expectativas que, en 1885, la
Gobernación del Carchi organizó una expedición que partió de la población de
Huaca y exploró parte del curso del río Pun, con el objeto de sondear los
recursos del área y ver qué posibilidades ofrecía la vía de acceso129.
Pocos años más tarde, algunas referencias indican que se produjeron
conflictos entre caucheros colombianos y ecuatorianos en la zona de las
montañas del Pun. Las fuentes consultadas -ecuatorianas- explican que el
cauchero ecuatoriano Aparicio Burbano Núñez ya faenaba en esta zona
cuando llegaron los colombianos. Este conflicto dio pie a algunas gestiones
diplomáticas y, puesto que se trataba de un área que ambos países
consideraban bajo su soberanía y pendiente de delimitación, se acordó señalar
un límite provisional válido para la explotación del caucho que, por supuesto,
no debió tener efectos más allá del papel130.
El acceso al Napo desde Quito y Latacunga
En esta etapa del auge del caucho, la construcción de vías de acceso al
Napo constituía un objetivo estratégico, por lo que contó con cierto apoyo
oficial. Las propuestas presentadas respondían a intereses muy diversificados,
ya se tratase de misioneros, caucheros u otros grupos de poder.
En los siguientes puntos expongo, en primer lugar, las medidas oficiales
para la mejora del camino de Quito al Napo, que estuvieron asociadas al
proyecto de colonización de Francisco Andrade Marín implementado en 1884 y
a las iniciativas jesuitas para la mejora de este camino. En segundo lugar, me
centro en la propuesta de los hermanos Morán, dedicados a los negocios
extractivos en La Coca, que tuvo un carácter visiblemente oportunista. En
tercer lugar, me ocupo de la persistencia de las propuestas de construcción de
una vía desde Latacunga al Napo, que obtuvieron cierto apoyo oficial,
ocasionando también intensos debates en las Cámaras Legislativas.
5.4.2.1. Los jesuitas y el camino de Quito al Napo.
En los capítulos anteriores hemos visto que desde su instalación en
Archidona (1870), los jesuitas intentaron mejorar la articulación de la región del
Napo con la Sierra. Para ello, exploraron y plantearon propuestas para la
mejora de las vías de acceso a esta área del Oriente, ya fuera desde
Latacunga o desde Quito131. No obstante, estas iniciativas no obtuvieron
resultados prácticos más allá de ciertas mejoras de carácter secundario. Ya
entrando en el período que nos ocupa, el camino tradicional que conducía de
Quito al Napo por Papallacta, Baeza y Archidona, permanecía en un estado
lamentable, tal como lo indican las descripciones de algunos viajeros,
principalmente religiosos, que utilizaron esta vía 132.
En 1884, complementando el experimento colonizador de la Colonia
Oriental impulsado por el gobernador Francisco Andrade Marín en el Napo, se
destinaron algunos recursos económicos a la construcción de esta vía, pero las
obras se interrumpieron en pocos meses. A partir de entonces, las acciones
oficiales para su mantenimiento quedaron limitadas a los trabajos esporádicos
de limpieza que efectuaban los indígenas, obligados por los gobernadores del
Oriente.
El jesuita Rafael Cáceres, tras su visita a la misión del Napo, que tuvo
lugar en 1891, propuso que se asignaran unos fondos específicos para limpiar
la vía dos veces al año y recomendó la instalación de algunos puentes en los
principales ríos que se franqueaban en el transcurso del camino entre Quito y
el Napo, cuyas crecientes interrumpían completamente la comunicación y
dejaban la vía inhabilitada133. En relación con estas propuestas, sabemos que
los jesuitas solicitaron que se destinasen a la vía del Napo dos puentes
colgantes de los que disponía el gobierno, petición que fue desestimada y, en
sustitución de la cual, se les donó material para la instalación de tarabitas134.
Posteriormente, el Congreso de 1892 decretó que se destinaran fondos del
presupuesto de Obras Públicas para comprar e instalar cuatro puentes de
acero135.
Un proyecto vial de los hermanos Morán, caucheros.
Una propuesta vial de intenciones un tanto sospechosas fue la que
plantearon los hermanos Miguel y Javier Morán que, como ya hemos visto con
anterioridad, extraían caucho y otros recursos y tenían su centro de
operaciones en La Coca136. Tras la destitución de Miguel como gobernador del
Oriente137, acusado de captura de indígenas y de falta de pago a sus peones
cascarilleros, los hermanos Morán presentaron una vistosa solicitud a la
Asamblea Nacional de 1883-1884, en la que plantearon la construcción de dos
caminos al Oriente en un año, a cambio de la concesión de terrenos baldíos en
los lugares que eligiesen y de mano de obra.
Esta propuesta señalaba que el camino de Quito al Napo por Papallacta y
Baeza describía una circunferencia tal, que doblaba la distancia real existente,
a la par que aumentaba los peligros al atravesar numerosos ríos. Por ello,
proponían la construcción de un camino más septentrional por Oyacachi,
Sardinas y el río Coca, desde donde se accedía por vía fluvial al Napo.
También planteaban unir la boca del Coca con el Curaray en Sapino, punto
supuestamente navegable a vapor138. Probablemente, se trataba de una ruta
que les convenía para retomar sus actividades extractivas, además de “un
subterfugio en el pulso por el control de la zona”, como se ha señalado
anteriormente en otro trabajo139.
El Congreso del Ecuador solicitó la opinión de Juan Rodas, por entonces
gobernador del Oriente tras la destitución de Miguel Morán y gran conocedor
de la geografía del área140, al que también nos hemos referido anteriormente.
Rodas se mostró decididamente contrario a esta propuesta e informó al
Congreso de que el proyecto de los Morán resultaba “inadmisible y fundado en
datos absolutamente falsos”, puesto que indicaba engañosamente que el
camino tradicional de Quito a Archidona por Papallacta y Baeza tenía una
distancia de unas 70 leguas, cuando no llegaba a 30, y proponía otro trazado
que superaba esta distancia con creces y presentaba aún mayores dificultades
topográficas, incluyendo los páramos de Oyacachi y numerosos terrenos
pantanosos. En cuanto a la conexión del Coca con el Sapino, en su opinión
resultaba absolutamente descabellada. Las críticas de Rodas a esta propuesta
señalaron también que el camino proyectado no llegaba a la parte poblada de
la provincia de Oriente. Finalmente, indicó que “sería además de gravísimo mal
por las peticiones que en compensación se hacen”, las que perjudicarían a los
indígenas de la región e irían en detrimento de las tareas “civilizadoras”
desarrolladas por los jesuitas sobre ellos. En primer lugar, porque los Morán
pretendían escoger la concesión de terrenos que les corresponderían en la
parte más poblada de la provincia (“sería dar fundos raíces que absorbiesen las
tierras más valiosas de las tribus indias”); en segundo lugar, porque el hecho
de conceder la mano de obra solicitada, supondría la esclavización de los
indígenas (“lo de obligación de darle brazos para el trabajo, aplicado a aquella
provincia, equivale a algo peor que esclavitud de los indígenas”). En
contraposición, Rodas llamó a la Convención a promover la actividad misional y
la agricultura, que serían los verdaderos motores para la “civilización” del
Oriente, y a centrar los proyectos de fomento en la parte poblada de la
provincia, concretamente “desde Baeza, en el camino actual, hasta el río
Suno”.
El camino de Latacunga al Napo
Centrándome en las iniciativas para explorar una vía de acceso al Napo
desde León141 que se detectan en el transcurso de este período, debo
mencionar que en 1885 la Gobernación de esta provincia comisionó a Fidel
Arturo para que trazara una trocha de Píllaro a las cabeceras del río Ansupí,
desde las que accedió por vía fluvial al Napo y llegó a la población de
Atahualpa, sede de la Colonia Oriental fundada pocos meses atrás por el
gobernador Andrade Marín, donde las autoridades locales certificaron su
arribo142. En relación con este camino, “sueño dorado de los habitantes de este
lugar” según el gobernador de León, el Congreso de 1885 decretó que se
destinaran diversos fondos para su construcción, entre ellos el producto de
algunos impuestos provinciales y de la venta de terrenos baldíos en las
márgenes del camino y en la región oriental143.
Algunos de los debates suscitados en las Cámaras Legislativas, revelan
que hubo corrientes de opinión contrarias a esta propuesta, cuya aprobación
iría en detrimento de la construcción de un ramal a la población de Sigchos que
articularía las provincias serranas de León y Tungurahua con el camino a la
costa de Manabí. En este sentido, sabemos que el vicepresidente de la
Cámara del Senado opinó que “el porvenir y la esperanza se hallaban en las
costas de Occidente, no en las selvas orientales, que no podrían ser
desmontadas y beneficiadas sino al cabo de muchos años; como el nuevo
camino se quería emprender en perjuicio del antes proyectado [a la costa por
Sigchos] resultaba más bien desventajoso para las Provincias interesadas”144.
A pesar de la aprobación de este decreto, no he localizado indicios relativos a la construcción de esta vía en los años posteriores.
Casi una década más tarde, el Congreso aprobó, con algunas
modificaciones sobre el original, el proyecto presentado por Joaquín
Campuzano para la construcción de un camino de la provincia de León al
pueblo del Napo y autorizó al Poder Ejecutivo para celebrar el contrato
correspondiente145. Parece ser que Campuzano era un ciudadano colombiano
implicado en los negocios de la Compañía Minera del Ecuador, empresa que
realizó exploraciones en el Oriente y descubrió la mina denunciada como La
Oriental. Probablemente, su propuesta vial estaba relacionada con el propósito
de rentabilizar la explotación de esta mina. Este contrato no llegó a ponerse en
práctica y, tras el recambio político acaecido con la Revolución Liberal, los
fondos previstos para su financiación se destinaron a otras propuestas. A consecuencia de ello, Campuzano denunció al nuevo gobierno del Ecuador por
no cumplir con las obligaciones establecidas en el contrato146.
De Baños a Canelos
Desde las primeras décadas de la República, la producción de caña de
azúcar y aguardiente, así como la recolección de cascarilla, habían motivado el
interés de los sectores propietarios y empresariales ambateños por la
construcción de una vía de comunicación desde Baños, siguiendo el valle del
río Pastaza, que diera acceso a la zona oriental de Canelos147. Esta
expectativa, a la cual ya me he referido en los capítulos anteriores, continuó
vigente durante los años del progresismo, en que tanto los misioneros
dominicos instalados en Canelos como los terratenientes regionales,
presionaron para la construcción de esta vía.
Desde que en 1885 se establecieron en la prefectura de Canelos y Macas
que les había sido asignada, los dominicos llamaron la atención sobre la
precariedad de las vías de comunicación que conducían a los territorios de su
misión, tanto la de Baños a Canelos como la de Riobamba a Macas. Respecto
a la primera de ellas, que es la que aquí nos interesa, recordemos de nuevo la
experiencia del religioso François Pierre que, tras haber entrado al Oriente por
la vía de Archidona, se trasladó a Canelos atravesando grandes dificultades y
salió de nuevo a la Sierra por la vía de Baños, haciendo un relato de las
dificultades que encontró en este tránsito148. Siguiendo el ejemplo de los
jesuitas del Napo, los dominicos también pidieron fondos al gobierno
ecuatoriano para la colocación de puentes de acero sobre varios ríos que
dificultaban los accesos a sus sedes de Canelos y Macas. En principio, estos
fondos fueron concedidos en un paquete de medidas dadas en 1892 para la
promoción de esta misión149, aunque parece que no llegaron a aplicarse.
En cuanto a las iniciativas regionales para la construcción del camino de
Baños a Canelos, sabemos que en la Convención Nacional de 1883-1884 se
presentaron al menos dos solicitudes relacionadas con la construcción de una
vía de comunicación entre la provincia de Tungurahua y el Oriente. Una de
ellas proponía la apertura de un camino desde Baños al Napo [sic], para la
financiación del cual se aplicarían los fondos del trabajo subsidiario y otros
impuestos prediales de las provincias centrales de la República150. Otra,
firmada por las autoridades y por los vecinos del cantón Pelileo, solicitaba la
construcción de “un ramal que una la carretera de la República con esta
población [Pelileo], y un camino siquiera sea de herradura, desde este lugar
hacia el Oriente”, para la realización de lo cual se destinarían los fondos
correspondientes al trabajo subsidiario de la provincia del Tungurahua151.
Dicha Convención aprobó, efectivamente, un decreto que autorizó al
Poder Ejecutivo para organizar la construcción de un camino de Baños a Canelos152. La medida señaló los medios económicos necesarios para su
realización, esto es, el producto de la venta de terrenos baldíos en las
márgenes del Pastaza hasta Canelos, las erogaciones voluntarias de los
hacendados de la jurisdicción de Baños, varios impuestos que debían pagar las
municipalidades de Píllaro y Pelileo, así como 1.500 pesos mensuales
procedentes de fondos públicos hasta la finalización de la obra. Constantino
Fernández, diputado por Tungurahua en esta Convención y destacado
propietario del cantón Pelileo, tuvo un papel significativo en la elaboración de
este decreto y seguirá dándonos que hablar al respecto, porque casi
inmediatamente después de su aprobación en marzo de 1884, tenemos
constancia de algunos hechos que comprueban la implicación de la familia
Fernández en la construcción de esta vía. Así, en abril se organizó la
recaudación de las erogaciones voluntarias de los propietarios locales de la
parroquia de Baños que dicho decreto disponía en la que, junto al jefe político
del cantón Pelileo, se hizo notar la presencia de Constantino Fernández153. Y
en mayo, la empresa propiedad de los hermanos Constantino y Carlos A.
Fernández adquirió unas 400 hectáreas de terrenos de propiedad nacional en
el camino de Canelos, entre los ríos Zuña y Topo154.
A consecuencia de lo estipulado en el mencionado decreto, el gobierno
ecuatoriano encargó la exploración del camino por construir al ingeniero
Eudoro Anda, que propuso modificar el trazado tradicional que culminaba en
Canelos, y situar el fin de la vía en la población de Sarayacu, ubicada sobre el
Bobonaza, lo que aseguraba que la vía finalizase en un punto navegable y
proporcionase un acceso por el Pastaza al Amazonas155.
Pero este ímpetu constructor se relajó, debido a dos motivos. El primero,
que los fondos del presupuesto nacional destinados a la construcción del
camino de Baños al Oriente se desviaron a gastos militares por la creciente
agitación de las montoneras liberales, tal como sucedió entre 1884 y 1885 con
diversas partidas destinadas a Obras Públicas. El segundo, la erupción del
volcán Tungurahua, que tuvo lugar en 1885, y aisló la población de Baños del
resto de la provincia, lo que colocó en primer plano la rehabilitación de la vía
entre Pelileo y Baños, e hizo pasar a un segundo plano la construcción del
camino de Baños a Canelos156.
Las fuentes consultadas indican que Constantino Fernández volvió al
ataque con su propuesta de hacer realidad un camino de Baños a Canelos en
1888. Aprovechando la subida al poder del presidente Antonio Flores que, por
cierto, en su primer discurso ante las Cámaras prometió, entre tantas otras
cosas, la construcción de numerosas vías de comunicación, Fernández
reclamó en varios escritos el cumplimiento del decreto de 7.03.1884 sobre
construcción del camino de Baños a Canelos157. Sus textos revelan que
algunos políticos en Quito obstaculizaban la aplicación de este decreto,
argumentando que se trataba de un camino de interés vecinal, cuyos gastos
debían ser atendidos por la municipalidad de Pelileo y por los hacendados de
Baños, pero no por el gobierno central. En este sentido, parece ser que las
propuestas de Constantino para la construcción de un camino de Pelileo por
Baños a Canelos, fueron rebatidas de forma tajante por el director de Obras
Públicas, J.B. Menten, que desaconsejó su realización, calificándola de “poco
útil para no decir ruinosa” y aseguró, basándose en los informes elaborados por
el ingeniero Adolfo Gehin en 1868, que se trataba de un camino
extremadamente difícil de construir. Por lo demás, Menten puso de manifiesto
la contradicción entre intereses nacionales y particulares, representados en las
dos facetas que entrañaba la construcción de este camino, según se
considerase como una vía de entrada al Oriente o como una fuente de riqueza
para los terratenientes que explotaban los terrenos en su tránsito158.
Ya a finales del período que estamos analizando, hay que señalar la tarea
del dominico Enrique Vacas Galindo como promotor de la vía de Baños a Canelos, a la que presentaba como instrumento fundamental para lograr el
control de la región oriental y como la más favorable de entre todas las vías de
acceso al Oriente. Este religioso valoró las posibles ramificaciones que podían
derivarse a partir de Canelos, ya fuera la navegación fluvial por el Bobonaza y
el Pastaza al Marañón, ya fuera la construcción de una vía del bajo Bobonaza a la parte media del curso del Tigre, o ya, finalmente, la construcción de una vía
de Canelos al Curaray159. Esta última propuesta, que Vacas consideró la más
interesante, constituye un antecedente del proyecto de ferrocarril de Ambato al
Curaray, que intentó llevarse a cabo durante el período liberal, y en cuya
promoción participaría activamente Vacas Galindo, junto con otras
personalidades de la época.
De Riobamba a Macas
En los capítulos anteriores he hecho referencia a que durante el siglo XIX
se explotaba en Macas el tabaco, la canela y la cascarilla, lo que contribuyó a dinamizar el camino que, de forma precaria, conectaba esta población con la
de Riobamba, en la Sierra160. También he comentado que durante la etapa de
Veintimilla la extracción de cascarilla adquirió un gran protagonismo y se
registraron enfrentamientos entre compañías extractoras. A partir de 1885, se
produjo el agotamiento de la cascarilla, debido a la intensa recolección a que
fueron sometidos los bosques durante los años anteriores, previos a la llegada
al mercado internacional de la producción cascarillera desarrollada en la India
por Inglaterra.
La suspensión repentina de esta actividad económica provocó que el área
de Macas, por entonces adscrita al cantón Sangay, que abarcaba las zonas
orientales de la provincia de Chimborazo, quedara postergada y casi
abandonada por el Estado. Sabemos que en 1887, el ministro de Interior
propuso al Congreso que: ”Atentas las condiciones actuales de ese Cantón, tal
vez es innecesaria su existencia, razón por la que propongo a vuestra
discreción la reforma de la Ley de División Territorial con la supresión del
cantón expresado”161, aunque ello no se produjo.
De acuerdo con la estrategia gubernamental emprendida por entonces, el
abandono administrativo sería suplido por la presencia de los misioneros
dominicos, que llegaron a Macas en 1887. Las informaciones proporcionadas
por estos religiosos dan cuenta del abandono de la vía tradicional de acceso
desde Riobamba, cuestión que es la que aquí nos interesa. Este camino se
recorría en unos 10 o 15 días, casi siempre a pie en toda su extensión, y
atravesaba las poblaciones de Hatillo y Zuñac. El padre Enrique Vacas
Galindo, por ejemplo, viajó de Riobamba a Macas en 1887, para establecerse
como misionero en esta última población y escribió un relato sobre su
experiencia, en el que describió detalladamente el estado del camino. Así,
refirió que poco tiempo atrás se registraba en esta zona la presencia de
brigadas de trabajadores cascarilleros, que por entonces ya se habían retirado.
También explicó que el último tramo del camino, antes de llegar a la población
de Macas, fue trazado de manera provisional una semana antes de la llegada
del misionero, por orden del jefe político, Tomás Merino, en un típico operativo
de “visita oficial”162. Otra descripción del camino de Riobamba a Macas es la
debida al padre José María Magalli, que realizó una visita de inspección a la
misión dominicana de Macas en calidad de prefecto apostólico en 1888. Magalli
refirió que la familia Lizarzaburu163, que estuvo implicada en la extracción de
cascarilla en la etapa de mayor auge, colaboró en la preparación de su viaje, y
que en algunas secciones del camino todavía se conservaban los trabajos de
mejora hechos por los peones cascarilleros para facilitar la salida de este
producto hacia la Sierra164. Posteriormente, Magalli se trasladó de Macas a Canelos, en una expedición que duró 20 días, marcada por la escasez de
provisiones y el abandono de los peones y de los indígenas shuar que les
acompañaban y que si finalizó sin peores incidencias fue “por un milagro de la
Divina Providencia”165. Por supuesto, los dominicos hicieron diversas
propuestas para la mejora de las comunicaciones entre Macas y Riobamba,
entre ellas la de construir un camino alternativo que pasara por la población de
Huamboya, lo que también era una aspiración de ciertos propietarios locales.
La documentación oficial consultada permite percibir que, a partir de la
década de 1890, se emprendieron actividades agrícolas en algunas áreas de la
provincia de Chimborazo situadas a medio camino entre la Sierra y el cantón
oriental de Sangay, concretamente en Huamboya. Una mirada a este
movimiento colonizador muestra que influyó de forma directa en las demandas
viales y se tradujo en la iniciativa de construcción de una vía de comunicación
entre Riobamba y Macas por Huamboya, alternativa a la que tradicionalmente
se recorría por Hatillo y Zuñac. Las primeras solicitudes para la adjudicación de
terrenos baldíos en Huamboya fueron las realizadas por Agustín T. Rodríguez y
José Noriega, que realizaron grandes desmontes para sembrar caña de
azúcar166. En su informe al gobernador de Chimborazo sobre la conveniencia
de dichas adjudicaciones, el padre Magalli opinó que “...si los Señores
denunciantes lograran formar una población en dichos terrenos pudiera
fácilmente abrirse un camino, que es el mismo cuyo proyecto presenté, hace
algunos meses, al Exmo. Sr. Presidente, con el que se evitaría el actual de
Macas a Riobamba tan largo, tan desierto, y tan peor sembrado de
precipicios”167.
En relación con esta incipiente colonización alrededor de Huamboya,
sabemos que el jefe político de Macas, Ambrosio Zavala, organizó una
expedición con el objetivo de explorar un camino entre Macas, Huamboya y
Riobamba, que estuvo financiada por las mismas familias Rodríguez y Noriega,
y que se realizó entre febrero y marzo de 1892. La expedición partió de Macas
y estableció una trocha hasta los terrenos de Rodríguez y Noriega. En el
informe al gobernador de Chimborazo sobre los resultados de la misma, Zavala
recomendó la idoneidad de la vía de Riobamba a Macas por Huamboya, que
permitía transitar en cuatro días a pie y dos a caballo, frente a la que iba por
Atillo y Zuñac, que demoraba el doble, y se apresuró a pedir que el Congreso
asignara fondos para su construcción168. Un informe más mesurado del director
general de Obras Públicas reconoció que se trataba de una verdadera mejora y
recomendó que el gobierno realizase un estudio más completo para valorar las
posibilidades de su financiación169. Poco más tarde, en mayo de 1892, se
realizó una segunda expedición, esta vez con la participación de un dominico,
el padre Juan María Riera, al que se le encargó que, tras efectuar una visita
misional a Macas, volviese a Riobamba por la ruta de Huamboya e informase
sobre las posibilidades que ofrecía este camino170. Posteriormente, sabemos
que se tramitaron nuevas solicitudes de terrenos en Macas hacia 1893171 y que
en las décadas siguientes aumentó de forma considerable el interés oficial por
la construcción de un camino de Riobamba a Macas, debido a la presencia de
agentes peruanos en el río Morona.
Las proyecciones del Azuay hacia el Oriente: Gualaquiza,
Méndez e Indanza
De lo visto en los capítulos anteriores quiero recordar que, durante el siglo
XIX, algunos miembros destacados de la élite azuaya poseían propiedades en
Gualaquiza -los denominados entables- en los que se producía caña de azúcar
y se destilaba aguardiente. Este frente de colonización principalmente agrícola,
que también adoptó un carácter extractivo en algunas coyunturas favorables a la exportación de la cascarilla, se sostuvo de forma más o menos continuada
pese a los obstáculos a su desarrollo, básicamente la resistencia de los
indígenas shuar. Resistencia que, como vimos antes, tuvo episodios
especialmente violentos durante la década de 1870, a raíz de los cuales se
produjo la retirada de los jesuitas y un importante retroceso de la colonización,
que no obstante, no impidió cierta continuidad de la actividad cascarillera. En
este contexto de proyección azuaya al Oriente, la construcción de un camino
de Cuenca a Gualaquiza que mejorase las condiciones para el acceso a esta
última área y facilitara el tráfico comercial, fue una demanda regional
continuada a lo largo de todo el siglo XIX.
Durante el período progresista, las élites cuencanas continuaron
promocionando activamente la colonización y la construcción de vías de
comunicación con los territorios orientales del Azuay. Los relatos de los
primeros salesianos que llegaron a Gualaquiza a partir de 1893 y 1894
contribuyen a actualizar algunos datos sobre la situación en que se encontraba
esta zona por entonces172. Parece ser que, desde las rebeliones de los shuar
acaecidas en la década de 1870, la colonización había quedado estancada, y
que los entables se encontraban en decadencia. Según indicó el padre Spinelli,
hacia 1890, la población de Gualaquiza contaba con unos 150 habitantes, casi
todos peones de los entables173 y la mayor parte de las antiguas propiedades
estaban casi abandonadas. Es por ello que sus propietarios mostraron un
decidido apoyo a la instalación de los salesianos, tal como explica Spinelli en
una de sus cartas al indicar que: “[Los] entabladores de Cuenca muestran su
contento por nuestra ida a Gualaquiza y manifiestan gran deseo de volver a tomar posesión de sus tierras”174.
Entre los principales entabladores, los relatos salesianos citan a Luis
Cordero, Guillermo y Octavio Vega, Antonio y Miguel Moscoso, Jesús Vásquez,
Jesús María Torres, los hermanos Quintanilla, los hermanos Aguirre, Joaquín
Ávila, y otros. Y, al respecto, me interesa destacar, en primer lugar, el hecho de
que Luis Cordero, por entonces presidente de la República, era dueño de
varias propiedades en el camino de Sigsig a Gualaquiza, entre ellas los
entables de La Libertad y Chigüinda, así como de otros en la zona de San
José, muy cerca de Gualaquiza. Parece ser que habían sido adquiridos durante
la etapa de auge cascarillero que se situó entre las décadas de 1870 y 1880 y
que, para la década de 1890, se encontraban abandonados175. En segundo
lugar, me parece importante retomar la saga de la familia Vega. Ya hemos
conocido a Antonio Vega como un personaje fundamental en Gualaquiza en un
capítulo anterior, jefe político en diversas ocasiones y apoyo decisivo para los
jesuitas durante su breve estancia en esta población (1870-1872). Los
salesianos dieron cuenta de que, a su llegada a Gualaquiza, Antonio Vega
había fallecido no mucho tiempo atrás, pero su hijo Guillermo Vega le había
sucedido, puesto que continuaba siendo el entablador más estable e influyente
en Gualaquiza. Poseía la hacienda Bomboiza y tenía unos 30 o 40 peones. Por
cierto que Guillermo Vega se ocupó personalmente de recoger a los salesianos
en Sigsig, acompañarlos hasta Gualaquiza y alojarlos en su casa hasta que
éstos tuvieron construida su sede. Finalmente, cabe decir que Antonio
Moscoso sería el primer gobernador de Gualaquiza al instaurarse esta figura
administrativa a partir de 1894.
Los dos puntos siguientes nos proporcionarán más datos sobre la
trayectoria y los posicionamientos de estos propietarios. En ellos me referiré a dos asuntos relativos a la expansión del frente de colonización azuayo en el
Oriente durante los años del progresismo, que continuó siendo impulsada por
un poderoso sector terrateniente cuencano. Primeramente, me parece
necesario abordar esta cuestión desde la perspectiva de lo políticoadministrativo,
analizando el restablecimiento del cantón Gualaquiza en la
Convención Nacional de 1883-1884 y la creación de la provincia de Méndez y
Gualaquiza en 1894. En segundo lugar, me centraré en las demandas para la
construcción de vías de comunicación entre el Azuay y sus territorios
orientales, que durante este período finisecular se diversificaron de forma
notable.
La evolución administrativa de los territorios de Gualaquiza: del
cantón a la provincia.
A la hora de analizar la evolución de los territorios de Gualaquiza como
demarcación político-administrativa durante la etapa progresista, vale la pena
recordar algunos datos retrospectivos. Dicho cantón se había creado en 1861
con las poblaciones de Sigsig, Gualaquiza y Rosario. En 1869 la población de
Sigsig, hasta entonces cabecera cantonal, se trasladó al cantón Gualaceo, por
lo que el cantón Gualaquiza quedó reducido a las abandonadas poblaciones de
Gualaquiza y Rosario. Posteriormente, el cantón se suprimió, y con ello
Gualaquiza y Rosario también pasaron a formar parte del cantón Gualaceo. Es
importante anotar nuevamente que el terrateniente y político cuencano Luis
Cordero, en representación de los señores azuayos interesados en la
promoción de las áreas orientales de esta provincia, manifestó en 1875 la
necesidad de restablecer el cantón de Gualaquiza tal como había sido creado
en la Ley de División Territorial de 1861, puesto que la parroquia de Sigsig era
la única que podía proporcionar los fondos para el mantenimiento de este
cantón y, por supuesto, del indispensable camino de acceso al mismo176.
En relación con lo expuesto, debemos señalar que la Convención
Nacional de 1883-1884, que abrió el período político progresista, recibió dos
demandas relativas a Gualaquiza. En primer lugar, se presentó una petición en
favor de que el Poder Legislativo refrendase el restablecimiento del cantón
Gualaquiza que había sido aprobado por varios vecinos del mismo en los
pronunciamientos que tuvieron lugar contra la dictadura de Veintimilla. De
acuerdo con dicho restablecimiento “popular”, el cantón había quedado
conformado por las parroquias de Sigsig, San Bartolomé, Rosario y
Gualaquiza, antes pertenecientes al cantón Gualaceo, y las parroquias de Jima
y Ludo, anteriormente adscritas al cantón Cuenca. Los firmantes de esta
solicitud apoyaron su acción en la necesidad de contar con las atribuciones, las
rentas y la autoridad propias de un municipio independiente y enfatizaron,
además, la necesidad de fomentar las comunicaciones del Azuay al Oriente:
“...el cantón de Gualaquiza, que comprende los extensos y fértiles
territorios de este nombre, es una circunscripción política de
inmensas esperanzas no sólo para la provincia del Azuay sinó para
toda la República, pero que no puede producir los grandes
beneficios agrícolas, industriales y mercantiles que se columbran en
lo porvenir, sino se le da vida propia en la administración seccional
del Estado” 177.
La Convención Nacional de 1883-84 aceptó esta propuesta y refundó el
cantón Gualaquiza que, de acuerdo con la nueva Ley de División territorial,
quedó conformado por las parroquias de Sigsig, San Bartolomé, Ludo, Jima,
Rosario y Gualaquiza178.
En segundo lugar, la misma Asamblea Nacional de 1883-1884, recibió
otra solicitud pidiendo que se adjudicase la contribución subsidiaria del recién
creado cantón Gualaquiza para la mejora del camino desde Sigsig a Gualaquiza179. Aunque no dispongo de datos para averiguar si esta demanda
fue aceptada en los términos en que se planteaba, informaciones ulteriores
parecen indicar que estos fondos sí fueron asignados para la vía de
Gualaquiza.
Entre los firmantes de estas dos solicitudes destaca la presencia de J.M.
Moscoso -por entonces gobernador del Azuay y miembro de una familia que
poseía importantes propiedades en Gualaquiza-, de Antonio Vega -también
poderoso entablador desde varias décadas atrás-, así como de otros
influyentes apellidos regionales como Crespo Toral, Espinosa, Tamariz,
Chacón, Malo, Bravo, etc.
El nombramiento de jefe político del recién creado cantón Gualaquiza
recayó, precisamente, en Antonio Vega, que ya había desempeñado este cargo
con anterioridad. Éste señaló la importancia de la remodelación territorial
aprobada en estos términos:
“El cantón de Gualaquiza está llamado á una gran significación en
nuestra Provincia, y no dudo sabrá conservar y conservará la vida
propia que le ha dado la gloriosa Restauración, nacida en parte de
su seno. Además, el Azuay no saldrá de su estado de miseria, sino
apela al único elemento de riqueza que le queda, cual es el Oriente”
Hemos de apuntar que, en el sentido contrario a estas peticiones,
tenemos referencias de que la Convención Nacional de 1883-84 también
recibió una solicitud de otros vecinos de Sigsig que se manifestaban contrarios
a la aprobación de la cantonización de Gualaquiza181. También en la siguiente
Legislatura (1885) se discutió nuevamente la supresión del cantón Gualaquiza.
La cuestión fue planteada a instancias del cura de Sigsig que, al parecer,
mantenía un enconado enfrentamiento con el jefe político Antonio Vega y con
otros propietarios, a causa del tráfico de aguardiente que se realizaba en el
área. Sobre esta propuesta de supresión, sabemos que los vecinos del cantón
Gualaquiza dirigieron una nueva solicitud a las Cámaras Legislativas pidiendo
que no se suprimiera dicho cantón. En esta tesitura, encontramos nuevamente
a Luis Cordero, entonces senador por el Azuay, defendiendo con vehemencia
la continuidad del mismo. La reforma fue denegada casi sin partidarios que se
manifestasen en su favor, al menos en el Senado182.
Unos años más tarde, el cantón Gualaquiza ascendió a la categoría de
provincia183. Esta decisión administrativa supuso la supresión del cantón
Gualaquiza que se había reinstaurado en la Convención Nacional de 1883-
1884, puesto que los territorios orientales que formaban parte del mismo, se
desgajaron de la jurisdicción de la provincia del Azuay y se incorporaron, ahora,
al régimen propio del Oriente.
Quizá, entre los elementos que determinaron esta reforma estuvo la
cuestión de la producción de aguardiente. Una pista en este sentido nos la
proporciona el padre Spinelli en un escrito un poco anterior a la adopción de la
misma, en el que refiere que la producción de aguardiente estaba prohibida en
el Oriente, pero como Gualaquiza formaba parte de un cantón del Azuay, este
producto se comercializaba y destilaba allí sin problema ninguno184.
En cualquier caso, esta amputación territorial se compensó con el
nombramiento de un gobernador que representaba a los terratenientes
azuayos con intereses en Gualaquiza, cargo que no por casualidad recayó en
Antonio Moscoso185. Los primeros informes de esta autoridad dieron cuenta de
la etapa inicial de las misiones salesianas y de la incipiente “urbanización” de
Gualaquiza. También refirieron al temor que inspiraban en los blancos las
guerras intraétnicas que protagonizaron, por entonces, los shuar y que
afectaron a las áreas de Canelos, Gualaquiza y Zamora. Finalmente,
informaron de que entre 1894 y 1895 se realizaron numerosas concesiones de
terrenos baldíos, con el consiguiente aumento de la superficie cultivada186.
Efectivamente, un repaso de la prensa oficial permite comprobar este hecho y
llama la atención que las primeras solicitudes concedidas están, precisamente,
a nombre de miembros de la propia familia Moscoso187.
5.4.5.2. La diversificación de las demandas viales del Azuay al Oriente.
La expansión de los frentes de colonización azuayos en el Oriente llevó a que, en esta etapa finisecular, tuviera lugar una proliferación de las demandas
de construcción de caminos desde diferentes áreas del Azuay a los territorios
orientales aledaños. Así, persistió el interés por mejorar la tradicional
articulación de Sigsig a Gualaquiza, al tiempo que se registraron demandas
para mejorar otros ejes de conexión entre la Sierra y el Oriente del Azuay,
como el de Paute a Méndez y el de Gualaceo a Indanza. También surgieron
propuestas para la colonización del Oriente desde Cañar188.
Ya he dicho en el punto anterior que los terratenientes azuayos con
intereses en el Oriente presentaron una solicitud a la Asamblea Nacional de
1883-1884, para que se destinara la contribución subsidiaria del recién creado
cantón Gualaquiza, a la construcción del camino que unía Sigsig con
Gualaquiza. Una década más tarde, los escritos de los salesianos referían la
intensa articulación socio-económica existente entre la población de Sigsig, “el
último pueblo cristiano civilizado antes de Gualaquiza”, y las áreas orientales
del Azuay: “Los numerosos cristianos que se encuentran al otro lado de la
Cordillera y esparcidos en las selvas, son de este pueblo. Aquí, además, llegan
todos de la selva, incluso los pocos Jívaros civilizados, para hacer sus
compras”189. Cuando a partir de las reformas administrativas de 1894, los
territorios orientales del Azuay se escindieron de esta provincia y pasaron a formar la provincia de Gualaquiza y Méndez, los problemas para el
mantenimiento de la vía de comunicación entre Sigsig y Gualaquiza se hicieron
mayores. Según el gobernador Moscoso, aunque existían fondos para su
reparación, faltaba mano de obra en Gualaquiza190.
Pasando a los otros ejes de articulación del Azuay al Oriente, recordemos
que ya nos hemos referido en capítulos anteriores a las iniciativas que tuvieron
lugar en la década de 1870 para el establecimiento de una vía de comunicación
entre Paute y Méndez, que debía facilitar la colonización de esta última zona.
Parece ser que destacados hacendados del cantón Paute continuaron
expandiendo sus intereses, centrados, especialmente, en la producción de
caña de azúcar, hacia Méndez, lugar donde se formó una incipiente población.
Tenemos conocimiento de que en 1887, estos hacendados obtuvieron algunos
fondos del presupuesto nacional para financiar la construcción de un camino a Méndez191.
En esta etapa se activó también el interés por establecer una tercera
articulación entre el Azuay y sus territorios orientales, esta última hacia la zona
de Indanza. A principios de 1894, algunos vecinos de Gualaceo formaron una
compañía encabezada por Adolfo Vélez y conformada por numerosos
socios192, que realizó una expedición a la zona de Indanza. Posteriormente a esta exploración, pidieron fondos al gobierno para la construcción de un camino
que conectase Gualaceo y Chordeleg con Indanza193. Aunque el Ministerio de
Obras Públicas pidió un presupuesto, no hemos podido verificar si se
concedieron estos fondos. Además, los miembros de esta compañía solicitaron
la concesión de grandes extensiones de terrenos baldíos en Zapote e
Indanza194.
Siguiendo este impulso de proyección al Oriente, centrado en las
poblaciones azuayas de Paute y Gualaceo, también surgieron propuestas
similares en Azogues, provincia de Cañar195. En 1894 se creó la sociedad La
Aurora de Azogues, con el objetivo de realizar exploraciones en los territorios
del Oriente que permitiesen establecer un asentamiento con colonos
azogueños. Los propagandistas de esta iniciativa solicitaron al gobierno el
acompañamiento de un ingeniero para la expedición que se proponía explorar
el camino y los territorios a colonizar, aunque no tenemos otras referencias
sobre esta iniciativa196.
De Loja a Zamora
En la Asamblea Nacional de 1883-84 volvió a considerarse un proyecto
para la construcción de un camino entre Loja y Zamora197, asunto que como
hemos analizado en capítulos anteriores, había sido objeto de diversas
tentativas desde mediados del siglo XIX. En esta ocasión, se trató de una
propuesta promovida por una compañía encabezada por Antonio Cañadas al
que, recordemos, hemos hecho referencia anteriormente por tratarse de un
influyente empresario cascarillero que operó en las áreas del piedemonte de
las provincias de Tungurahua y Chimborazo en la década de 1870. Esta
propuesta dio lugar a un decreto, que quedó pendiente de aprobación por parte
de la Asamblea, y que facultó al gobernador de la provincia de Loja para
contratar la construcción del camino a Zamora con la compañía de Cañadas o con cualquier otra, y concedió a la empresa que resultara elegida terrenos
baldíos y beneficios fiscales. También planteó conceder a la compañía el
impuesto sobre el caucho que se exportase de aquella zona, lo que indica que
esta iniciativa podría estar relacionada con la extracción de este producto. Por
su parte, el gobierno quedaba comprometido a favorecer la colonización de la
región de Zamora y a establecer una guarnición de 25 hombres198. No
sabemos en que concluyó esta propuesta, pero nos proporciona claros indicios
sobre el tránsito de Cañadas de la cascarilla al caucho y sobre su
desplazamiento desde los piedemontes de la Sierra Central hacia la región de
Loja-Zamora.
No dispongo de más referencias sobre los intentos lojanos de
promocionar la articulación con Zamora hasta principios de la década de 1890.
Por entonces, tuvo lugar una expedición impulsada, entre otros, por un tal
Juventino Vélez, que fue financiada, en parte, con fondos oficiales199.
Tras esta expedición, la promoción del camino que unía Loja a Zamora
está directamente relacionada con la presencia de la misión franciscana,
puesto que los misioneros se implicaron a fondo en el asunto. Veamos,
entonces, algunos apuntes sobre la misión franciscana de Zamora y sus tareas
para la promoción de la vialidad. La correspondencia franciscana de estos años
cuenta que existían dos accesos de Loja a Zamora, el que pasaba por el
Cóndor, atravesando páramos, y el de San Francisco, algo más cómodo y
seguro aunque más largo. Tanto la vía del Cóndor como la de San Francisco
confluían en el tumultuoso paso del río Sabanilla, sobre el que los franciscanos
construyeron un puente durante su estancia en Zamora200.
En el próximo capítulo me ocuparé de analizar detalladamente diversos
hechos relacionados con la misión franciscana de Zamora, así como las
contradicciones presentes en las políticas de apoyo adoptadas por parte de los
gobiernos progresistas. Estas contradicciones gubernamentales también se
ponen en evidencia si hacemos un repaso de los trabajos viales de los
franciscanos durante las administraciones de Flores y de Cordero. A inicios de
1892, el padre Vidal se ocupó personalmente de dirigir los trabajos iniciales de
la misión para la mejora de la vía de San Francisco, que debieron interrumpirse
porque el gobierno de Antonio Flores no aportó los peones y herramientas que
había acordado facilitar, excusándose por falta de fondos201. Poco tiempo
después, el Congreso de 1892 votó que se destinaran 10.000 sucres del
presupuesto de Obras Públicas para la construcción del camino de Loja a la
misión de Zamora, proyecto que fue expresamente recomendado al Congreso
por el presidente Antonio Flores, antes de dejar el cargo. No obstante, el
gobierno de Luis Cordero, que sucedió a Flores, objetó su aprobación,
nuevamente debido a la escasez de fondos202. Poco después, Cordero adquirió
una serie de compromisos para apoyar a la misión de Zamora. Entre estos
compromisos, dicho gobierno accedió a donar unos 100 sucres mensuales
para la construcción de la vía de Loja a Zamora y a facilitar una serie de
vigilantes para la misión, que también se ocuparían de la construcción de
caminos y de otros trabajos de utilidad pública. Ello permitió que los
franciscanos reemprendieran algunos trabajos en la vía de San Francisco,
aunque éstos no pudieron finalizar, porque nuevamente estos compromisos de
apoyo económico fueron incumplidos por el gobierno.
Señalemos también que los franciscanos participaron en una exploración
patrocinada por algunos vecinos de Loja, para investigar la posibilidad de un
tercer acceso a Zamora por el nudo de Cajanuma. Esta exploración tuvo lugar
cuando el padre Torra se dirigía a Zamora en 1892, tras ser nombrado prefecto
y algunos vecinos de Loja le “convencieron” para que participara en lo que él,
con ironía, calificó en su relato de “célebre expedición”. Al parecer, la sospecha
de que existiera una vía de acceso a Zamora más favorable por Cajanuma
obedecía a informaciones proporcionadas por gente de esta zona y era una tal
familia Valverde la que estaba especialmente interesada en verificarlo, lo que
probablemente estuviese relacionado con sus intereses particulares. El relato
de Torra sobre esta expedición, que fracasó rotundamente, revela un dato
curioso, puesto que explica que los cargadores que participaban en los viajes y
las expediciones al Oriente lojano eran, por lo general, colombianos203.
Finalmente, me interesa referir que en todas las entradas de los
misioneros desde Loja a Zamora, les acompañaron algunos colonos que iban a establecerse allí. Parece ser que en estos años la colonización tuvo un empuje
importante en Zamora, lo que acarreó algunos conflictos relacionados con el
control del espacio y la ocupación de terrenos entre los franciscanos y los
colonos o propietarios de Loja que tenían posesiones en Zamora. Estos
conflictos, probablemente, debieron tener similitudes con los que se producían
por la misma época en el área del Napo entre los jesuitas y los colonos, y que
analizaré detalladamente en el próximo capítulo. Sobre esta cuestión, refería el
padre Torra:
“Cuando no se pensaba en fundar la Misión nadie se acordaba de
que tenía aquí terrenos propios; pero desde que se fundó, han salido
una porción de propietarios con títulos o sin ellos, que nos hacen no
poco daño tal vez sin quererlo, y que nos disputan hasta el terreno
donde está construido nuestro conventito y capilla. Es necesario que
el Gobierno aclare pronto esta cuestión, si no nada adelantaremos
sobre tan malos cimientos” 204.
La cuestión territorial a fines del siglo XIX y la incorporación
simbólica del Oriente al Estado nacional
Los procesos de nacionalización de la Amazonía que se produjeron en el
contexto de la extracción cauchera a fines del siglo XIX, trajeron consigo una
intensificación de las negociaciones para establecer las fronteras aún sin
delimitar entre los países del área. El Perú y el Ecuador mantenían, desde los
inicios del período republicano, una disputa en cuanto a sus derechos
territoriales en lo que había sido la antigua circunscripción colonial de Mainas.
El interés por finalizar los incidentes que tenían lugar en las áreas en disputa,
condujo a la firma del Convenio Espinosa-Bonifaz (1887), que sometió las
cuestiones de límites pendientes al arbitraje del rey de España, sin excluir por
ello la realización de negociaciones directas, que se concretaron con la
suscripción del Tratado Herrera-García (1890), que posteriormente sería
anulado. En este orden de cosas, Colombia también quiso hacer valer el
derecho que imponía su posesión efectiva en algunos afluentes del Napo y
solicitó que sus cuestiones de límites pendientes con el Ecuador se tratasen
también con el Perú. Aunque la propuesta colombiana de negociación tripartita
no fue aceptada, entonces, por ninguno de estos dos países, Colombia ya se
perfiló como un contendiente más en la repartición altoamazónica.
En relación con todo ello, me parece oportuno referirme a dos asuntos
que se presentaron, por primera vez, en esta etapa y que adquirirán una
intensidad mucho mayor ya a inicios del siglo XX. Primero, el control oficial
sobre los contenidos de las obras geográficas y de los mapas ejercido por parte
del Estado ecuatoriano. Segundo, las expresiones de nacionalismo exacerbado
suscitadas por las negociaciones limítrofes. Una y otra cuestión constituyen
nada más que tímidos precedentes de lo que ocurrirá en décadas posteriores,
en las que la cuestión territorial adquirirá un lugar preferente en la política
ecuatoriana y se registrará una importante influencia de los conflictos
fronterizos en la construcción del discurso nacionalista.
El control oficial sobre el conocimiento geográfico y los
Mapas
A fines del siglo XIX, el Oriente continuaba siendo una región
desconocida en el Ecuador, al igual que sucedía con algunas regiones de la
Costa, que tampoco habían sido exploradas con rigor. Los procesos de
ocupación territorial que se desarrollaron asociados al caucho, así como las
negociaciones de límites en curso, plantearon a los gobiernos ecuatorianos de
esta etapa la necesidad de mejorar el conocimiento geográfico de la región
oriental, así como de controlar los contenidos que se difundían en las obras
geográficas y en los mapas en cuanto a las fronteras internacionales.
De hecho, el desconocimiento sobre el Oriente era tal, que no se contaba
ni con un mapa del país que lo representara de forma un tanto ajustada. Tras
los mapas de la época colonial, el mapa de Manuel Villavicencio, realizado en
1858, era el único que se había elaborado en el Ecuador durante la etapa
republicana y estaba plagado de incorrecciones respecto al territorio oriental,
tal como habían advertido diversos científicos. Aparte de la aportación de
Villavicencio, los escasos viajeros que habían visitado el Oriente durante el
siglo XIX habían esbozado algunos mapas o croquis de las áreas por las que
habían transitado, que no eran sino meras aproximaciones.
Durante los años del progresismo, la importancia que adquirieron las
áreas amazónicas reforzó el interés por representar el territorio, pero algunos
de los mapas que se elaboraron fueron desautorizados oficialmente, por no
reproducir de forma correcta las aspiraciones territoriales ecuatorianas. En
1884, por ejemplo, Santiago M. Basurco publicó un mapa del país. El gobierno
ecuatoriano prohibió su introducción en las escuelas, porque una gran parte de
la provincia de Oriente, reivindicada como posesión histórica ecuatoriana,
constaba como “terreno disputado por el Perú y Ecuador”. Otro mapa que no
obtuvo la aprobación oficial fue el debido a Bernard Flemming, editado en
1891. Aunque con mayores fundamentos científicos que los anteriores, también
contenía numerosos errores de todo tipo y fue invalidado por el gobierno
debido, entre otros defectos, a sus diferencias con las posiciones oficiales
sobre los límites del país205.
En relación con este tema, sabemos que en 1888 se presentó al
Congreso del Ecuador una propuesta para la creación de una sociedad
destinada al estudio científico del Oriente, que se dio a conocer como Sociedad
Científica Nacional o Sociedad Científica Exploradora del Oriente206. Los
autores del proyecto señalaron el profundo desconocimiento que imperaba
respecto a la región y plantearon que la creación de entidades científicas
dedicadas a su estudio, como la que ellos mismos preconizaban, permitiría
elaborar políticas más eficientes. Argumentaron también que la ocupación de la
región oriental por el Ecuador era imprescindible para hacer frente a la
paulatina ocupación de los espacios amazónicos que se producía por parte de
los países vecinos, y que contribuiría asimismo a superar conflictos políticos de
orden interno. Por ello, solicitaron apoyo económico para realizar estudios que
permitieran elaborar planos, proyectos viales y ferrocarrileros, determinar los
enclaves apropiados para establecimientos agrícolas o mineros, etc., aunque
ello se planteaba en términos muy generales y poco concretos. En respuesta a esta propuesta, el Congreso aprobó un decreto autorizando al Poder Ejecutivo
para la celebración de un contrato con esta sociedad científica y dispuso que
los trabajos pactados se financiaran con fondos destinados a Obras Públicas
en la Ley de Presupuestos vigente207.
No tenemos más datos al respecto hasta 1891, cuando los promotores de
esta iniciativa208 intentaron firmar un contrato con el gobierno ecuatoriano.
Aprovechando las negociaciones limítrofes que se hallaban en curso,
propusieron realizar una exploración de las áreas fronterizas con las
Repúblicas vecinas, además de los centros poblados y lugares de importancia
económica, que contribuyera a la posterior realización de “una carta geográfica
completa y perfecta”. No obstante, el ministro de Hacienda y el director de
Obras Públicas expresaron sus reservas debido a lo inviable del proyecto y a lo
desmesurado del presupuesto, por lo que el gobierno denegó la solicitud de
contrato209.
La contribución geográfica de mayor rigor en el Ecuador de estos años
fue la presentada por Teodoro Wolf (1841-1924), un geógrafo y geólogo
alemán que había llegado al país siendo jesuita y como integrante de la misión
docente y científica llamada por el presidente Gabriel García Moreno para la
creación de la primera Escuela Politécnica, de la que fue profesor. Tras
abandonar la Compañía de Jesús, fue nombrado geólogo oficial durante el
gobierno de Antonio Borrero (1875-1876) y realizó numerosas investigaciones
geológicas. Ya en la etapa progresista, que es la que aquí nos ocupa, firmó
sendos contratos con las administraciones de José María Plácido Caamaño
(Quito, 19.05.1884) y Antonio Flores Jijón (Guayaquil, 25.02.1891)210, en cuyas
bases se reglamentaban las condiciones para la publicación de un mapa y de
un texto geográfico sobre el país211. Por cierto que, en estos contratos, se
estipulaba que el gobierno del Ecuador le proporcionaría a Wolf “...las
indicaciones concernientes para el trazado de límites con las Repúblicas
vecinas”.
Wolf no realizó investigaciones directas en el Oriente ni lo incluyó en su
mapa, por las limitaciones del conocimiento científico sobre dicha región. Su
aportación consiste, más bien, en haber señalado con realismo y lucidez el
desconocimiento del Oriente. Cómo él mismo indicó, contrastando con las
pretensiones de los proyectos vistos anteriormente:
“Nuestros conocimientos geográficos de la Región Oriental se
reducen a algunas cartas antiguas, que los misioneros levantaron en
los dos siglos pasados, y a los itinerarios de algunos viajeros
modernos, que se limitan al curso de algunos ríos principales. Todo
el interior de esta región vastísima es tierra incógnita, y pasarán
muchas generaciones hasta poder trazar un mapa medianamente
exacto de ella” 212.
Su contribución científica relativa al Oriente se limitó a escribir un
“Bosquejo hidrográfico de la región oriental” basado en exploraciones e
investigaciones ajenas, que resulta sumamente valioso en tanto condensa la
mayor parte de los datos disponibles sobre la geografía de esta región a fines
del siglo XIX, algunas veces sujetos a polémicas213. Pero no me interesa tanto
detallar los contenidos que encontramos en este bosquejo, sino anotar las
críticas y recomendaciones lanzadas por Wolf en su Geografía en cuanto a las
políticas destinadas a la región oriental. En primer lugar, Wolf puso de
manifiesto el desconocimiento y el desinterés por las áreas orientales que
había prevalecido tradicionalmente en el Ecuador, en contraste con la fuerza de
las actividades amazónicas desarrolladas por el Perú desde décadas
anteriores:
“Preciso es confesar que todos los conocimientos modernos (de los
últimos 50 años), que tenemos de aquellas regiones apartadas, no
solamente en la banda meridional, sino también en la septentrional
del Amazonas, y de sus tributarios principales, los debemos a lo
exploradores peruanos, o a extranjeros bajo la protección del Perú.
El Ecuador no ha hecho nada, para, no digo adelantar, sino para
conocer y conservar lo que cree suyo” 214.
En segundo lugar, llamó la atención tanto respecto a los tópicos que
exaltaban las inmensas riquezas presentes en esta región, como al carácter
inviable de los proyectos que se planteaba implementar, a los que calificó de
“castillos en el aire” debidos a ciertos propagandistas del Oriente, oportunistas
en realidad, que comenzaban a proliferar entonces y que serían multitud en las
décadas siguientes215.
Cabe recordar aquí que, en los años en que Wolf elaboró su Geografía,
se encontraba vigente la Ley de División Territorial de 1884, que estableció que
la provincia de Oriente estaba formada por los cantones de Napo, Canelos y
Zamora, en tanto las áreas orientales de Macas y de Gualaquiza quedaban
adscritas, respectivamente, al cantón Sangay de la provincia de Chimborazo y
al cantón Gualaquiza de la provincia del Azuay216. Al respecto, vale la pena
conocer las observaciones que realizó este científico en cuanto a los
contenidos relativos al Oriente presentes en dicha Ley217. “Dudo que haya una
nación en el mundo, en que se hace la división territorial de un modo tan vago”,
afirmó al señalar la imprecisión con que ésta se realizaba y que a su entender
se mantendría forzosamente hasta el arreglo definitivo de los tratados de
límites con las naciones vecinas. También se declaró partidario de incorporar
las áreas orientales de Macas y Gualaquiza a la provincia de Oriente, en lugar
de mantenerlas adscritas a las provincias serranas de Chimborazo y Azuay. Al
referirse al cantón Gualaquiza, propuso que éste pasara a denominarse Sigsig,
población que era su cabecera, puesto que Gualaquiza no era sino "un sitio
abandonado en los bosques orientales"218.
De cómo ardió la República en santo fuego de patriotismo219:
a propósito del Tratado Herrera-García (1890) y su anulación
Una mirada a los conflictos fronterizos que se produjeron en la América
del siglo XIX nos permite ver que la mayoría de ellos estuvieron vinculados al
desarrollo de la economía del caucho en la Amazonía. En este caso, me
parece importante dedicar el presente punto a analizar las peripecias legales
del Tratado Herrera-García y algunas de sus repercusiones a nivel político en
el Ecuador y en el Perú. Dicho tratado reconoció la soberanía del Perú sobre
los dos márgenes del Amazonas, hasta la desembocadura del Pastaza, áreas
que este país ya ocupaba de hecho, mientras que el Ecuador mantuvo el
acceso al Amazonas por los ríos Pastaza, Morona y Santiago. Fue pactado en
Quito el 2.05.1890 entre Pablo Herrera, ministro plenipotenciario del Ecuador, y
Arturo García, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario del Perú220.
Pero su itinerario legal no terminó aquí. Tras catorce sesiones de acalorados
debates, fue aprobado por el Congreso del Ecuador (18.06.1890), a pesar de
que suponía la renuncia a buena parte de las reclamaciones históricas de este
país. Esta controvertida decisión estuvo motivada por la voluntad de evitar las
consecuencias mayores que se temía podrían derivarse de la decisión del
árbitro español, influido por los intereses peruanos221. Por su parte, el
Congreso del Perú lo aprobó (23.10.1891), no sin introducir importantes
modificaciones, con la intención de limitar el acceso del Ecuador al Amazonas,
que quedó restringido únicamente a una precaria salida por el Santiago.
Aunque la Cancillería ecuatoriana insistió para que el Tratado Herrera-García
fuese aprobado sin dichas modificaciones y tal cual había sido suscrito
originalmente, el Congreso peruano ratificó las mencionadas modificaciones
(octubre de 1893).
Esta decisión superó, con mucho, los estrechos círculos diplomáticos e
institucionales y, a fines de 1893 e inicios de 1894, se produjo en los dos
países una oleada de manifestaciones nacionalistas, en el transcurso de las
cuales se cometieron actos de violencia contra sedes diplomáticas. Los
sucesos se iniciaron en Quito, donde, según refirió el encargado de negocios
del Perú, Enrique Zevallos y Cisneros, en una comunicación al ministro de
Relaciones Exteriores del Ecuador, en la noche del 29 de octubre, “una
muchedumbre armada de palos y piedras atacó la casa del Consulado,
profiriendo palabras ofensivas al nombre del Perú y apedreando el escudo
nacional”222. A consecuencia de ello, el presidente Luis Cordero realizó una
proclama a los habitantes de la capital en la que, si bien llamaba a la
contención, en tanto no estaban agotados los canales diplomáticos, también
expresaba su comprensión y apoyo a las manifestaciones nacionalistas de los
quiteños223.
La agresión al Consulado peruano en Quito y el contenido de la proclama
del presidente Cordero se difundieron en la prensa de Lima unas semanas
después y, el 22 de noviembre, se produjo en esta ciudad un ataque contra la
Legación y el Consulado ecuatorianos. En palabras de Julio H. Salazar,
encargado de negocios del Ecuador, “como a más de las nueve de la noche se
hizo sentir una estrepitosa algazara de compacta muchedumbre, la cual,
afrontando la Legación, prorrumpió en injurias y denuestos de toda especie
contra el Ecuador, su Gobierno, y su Representante en el Perú, arrojando, al
mismo tiempo, piedras sobre el escudo o enseña de mi Patria, como por el
espacio de veinte minutos, después de los cuales se dirigió a casa del
Consulado del Ecuador, en donde repitió idénticas escenas, destrozando (a pedradas) los vidrios de los balcones”224.
Esta vez, el contragolpe en el Ecuador no se hizo esperar y se produjeron
nuevos ataques a las representaciones oficiales del Perú en varias ciudades.
Los hechos de mayor trascendencia tuvieron lugar en Guayaquil, donde se
produjo un primer asalto frustrado al Consulado General (29 de noviembre),
que se repitió con éxito días después (2 de diciembre). En estos días se
produjeron otras agresiones contra entidades peruanas, como la Sociedad
Peruana de Beneficencia, y contra ciudadanos de este país residentes en el
puerto, hasta el punto que algunos miembros de esta comunidad debieron
ocultarse o huir. Nuevamente, se atacó la representación del Perú en Quito (1
de diciembre) y se produjeron acciones similares en otras ciudades, como en
Santa Rosa, provincia de Loja (4 de diciembre)225.
Es importante señalar que, en todos los casos, el móvil de las acciones
fue la destrucción de símbolos nacionales -banderas y escudos- del país
contrario, que fueron arrebatados de las sedes diplomáticas y destruidos
ritualmente. En relación con estos hechos fueron detenidos diversos agresores,
contra los que se siguió proceso judicial en Quito, Guayaquil y Lima. Las
fuentes oficiales refieren que los protagonistas de estos incidentes eran
sectores urbanos variopintos, a los que califican como “poblada”, “grupo de
pueblo en actitud tumultuosa”, “alborotadores”, “amotinados”. Según las
apreciaciones del cónsul ecuatoriano en Lima: “La muchedumbre estaba
formada en su totalidad por muchachos y por algunos individuos de ninguna
significación social”226. Probablemente, estamos ante una de las primeras
muestras de movilización de sectores urbanos que habrían de acompañar los
episodios más críticos de la cuestión territorial durante el siglo XX, con
manifestaciones de crispación y duelo227.
Estos sucesos desembocaron en una crisis internacional importante, a consecuencia de la cual el Ecuador y el Perú estuvieron, a principios de 1894,
al borde de la guerra228. En este ambiente prebélico, se crearon juntas
patrióticas en las principales ciudades del país, que se dedicaron a la colecta
de fondos destinados a la defensa nacional. Entre ellas, hay que destacar la
Junta Cooperadora de la Defensa Nacional, creada en Quito229 y la Junta
Patriótica del Guayas, constituida en Guayaquil230. En Cuenca se formó la
Junta Patriótica del Azuay, en la que participaban las familias más
influyentes231. En esta situación de emergencia se recolectaron más de
400.000 sucres en “empréstitos patrióticos” que, una vez recuperada la paz, se
convirtieron en billetes de la deuda interior y fueron pagados conforme a la Ley
de Crédito Público232. También se formaron cuerpos militares para apoyar al
Ejército. A modo de ejemplo, sabemos que en Loja se formó la Columna
Bernardo Valdivieso, integrada por niños y jóvenes en edad escolar, y la
Columna Voluntarios del Sur, compuesta por abogados, propietarios y
comerciantes233, y que también hubo gran entusiasmo militar en la Costa234.
Así describió el presidente Luis Cordero, en su último mensaje al
Congreso del Ecuador, el ambiente de exaltación nacionalista y unidad
nacional que se vivió en el Ecuador a fines de 1893 e inicios de 1894:
“Dejaron de existir al instante las disidencias políticas; se concertó
admirablemente la voz de la prensa; se pusieron todas las clases
sociales en torno del pabellón nacional, y dio el Ecuador a los demás
países el hermoso espectáculo de un pueblo que, al tener por
vulnerada su dignidad, se levanta compacto y altivo, en varonil
actitud de mantenerla [...] De voluntarios entusiastas se originaron
resueltos batallones; de donativos patrióticos, se colectó un fondo
considerable, que se hubiera acrecentado notablemente, a no
haberse restablecido el benéfico imperio de la quietud social, una
vez zanjada, por acuerdo recíproco, la cuestión de ofensas entre el
Ecuador y el Perú” 235.
Finalmente, los hechos se encauzaron diplomáticamente en febrero de
1894 con la mediación del Vaticano y del gobierno de Colombia, y el Ecuador y
el Perú normalizaron sus relaciones diplomáticas, con la condición de “relegar
al olvido los lamentables acontecimientos”, y dejando al Poder Judicial el
enjuiciamientos de los delitos cometidos. Ello no evitó que se produjeran
encendidas discusiones diplomáticas sobre la eficacia de las medidas
represivas adoptadas por los gobiernos sobre los agitadores y comparando
cuáles de los ultrajes habían sido de mayor gravedad, ya se hubiera arrebatado
el escudo de la fachada de una Legación o de un Consulado, ya hubiera sido
sólo apedreado o también arrancado y arrastrado236. En cuanto a la cuestión
limítrofe, se dieron por finalizadas las negociaciones directas y quedó
supeditada a la decisión del rey de España, y el Congreso del Ecuador anuló la
aprobación al Tratado Herrera-García (25.07.1894).
